Si ese grave error de la política española no se corrige pronto, los ciudadanos sabrán durante décadas que el Estado no es fiable y que la clase política, sea del color que sea, es corrupta, antidemocrática y peligrosamente arbitraria.
Los españoles tienen derecho a que se les haga justicia y que aquellos que han puesto la nación en peligro, generando dolor, miedo, zozobra y angustia en millones de ciudadanos, además de crear peligro real de guerra en las calles catalanas, sean encarcelados y caiga sobre ellos, con el máximo rigor, el peso de la ley.
Los golpistas secesionistas ya deberían estar en la cárcel, a la espera de juicio sumarísimo, se haya completado delito o no. Lo que han hecho hasta ahora es suficiente para entrar en prisión y recibir el castigo de la Justicia, un deber sagrado en democracia, aunque los políticos españoles, acostumbrados a que su voluntad y caprichos estén por encima de las leyes y de la Constitución, ignoren esa exigencia de la democracia.
Aunque Puigdemont abandone ahora su propósito de romper España, ya es reo de cárcel. Sus crímenes tienen que ser castigados por razones de salud y dignidad. El independentismo ha sido malvado y ha impregnado la sociedad de odio y delitos, convirtiéndose en un factor peligroso para España y la convivencia humana.
No hay arrepentimiento entre los golpistas, ni propósito de enmienda. Que nadie se equivoque y piense que están derrotados. Sólo están agazapados, como fieras heridas, esperando una nueva oportunidad para dar el zarpazo definitivo a la nación.
Si los golpistas del 23F fueron detenidos de inmediato, éstos rebeldes contra la ley y la democracia, que en varios aspectos han llegado más lejos, tienen que ser detenidos y puestos a disposición judicial.
Pero, para que la acción de la Justicia sea completa, también deberían ser investigados aquellos políticos españoles que incumplieron, durante tres décadas, su deber de cuidar la nación y defenderla, cerrando los ojos ante los delitos del nacionalismo, la corrupción generalizada y cediendo a las autonomías competencias de educación, sanidad, justicia y parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que fueron utilizadas contra el bien común y el interés de España.
Entre unos y otros, entre golpistas, traidores, ciegos y cobardes, nos han enseñado que no son de fiar, que es el ciudadano quien, en última instancia, debe defender la patria y que el sistema de las autonomías es un cáncer que sólo interesa a los políticos y que terminará por devorar la nación, si no es eliminado a tiempo.
Lo único bueno de la experiencia catalana es que los ciudadanos hemos aprendido a no fiarnos de la clase política y que hemos llegado a la conclusión de que, ejerciendo el boicot, tanto a los nacionalistas como a los políticos fracasados españoles, podemos influir, controlar a las mafias instaladas en el Estado y mandar, como nos corresponde en democracia.
Francisco Rubiales