Lo único que hemos tenido hasta la fecha ha sido una pérdida del poder adquisitivo por la vía de la reforma impulsada por el PP que acabó con la vinculación entre IPC y subida anual de la pensión. Ahora, lo máximo que podrá subir año a año es el 0,25% , de manera que cuando la economía empiece a tirar - se supone que algún día tendrá que hacerlo - y el IPC empiece a responder a los estímulos económicos la pensión de nuestros mayores se diluirá como un terrón de azúcar en el café. Cabe recordar además que se amplía el periodo de computo para calcular la pensión y que, junto al retraso de la edad de jubilación aprobado en la etapa de Zapatero, en unos años también entrará en vigor el factor de sostenibilidad del sistema por el que la cuantía de la pensión oscilará en función de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.
En definitiva, medidas todas tendentes a recortar las pensiones presentes y futuras después de décadas de cotización en la mayoría de los casos y que, en la dura y larga crisis, han servido en muchos casos para que miles de familias se hayan mantenido medianamente a flote. En paralelo, la reforma laboral del PP ha producido el efecto buscado: devaluar los salarios y precarizar el empleo para ganar competitividad económica. La consecuencia inmediata ha sido la caída de las cotizaciones a la Seguridad Social, sumada a la alegre política de bonificaciones y tarifas planas de las cuotas empresariales a la que se apuntó el PP en su legislatura de mayoría absoluta. Todo lo cual apenas ha tenido efecto sobre el empleo pero sí ha contribuido a que el sistema ingresara aún menos. Por no hablar de lo absurdo y contradictorio que resulta favorecer el empleo precario y temporal con la reforma laboral para luego bonificar con cargo a la Seguridad Social el empleo indefinido.
A la hora de buscar propuestas de futuro, lo único que se encuentra es no poca vaguedad y mucha indefinición. Los sindicatos hablan de sacar del sistema las pensiones de viudedad y orfandad, que representan más de 20.000 millones de euros al año y financiarlas con impuestos a través de los presupuestos del Estado. En cuanto a los partidos, es cierto que el PSOE prometió en la pasada campaña implantar un recargo fiscal sobre las rentas más altas para pagar las pensiones, pero apenas si la desarrolló. La idea la hace suya en parte Podemos pero no la comparten ni Ciudadanos ni el PP. La formación naranja no quiere tocar los impuestos y, salvo error u omisión por mi parte, carece de propuesta concreta sobre cómo garantizar el futuro de las pensiones. En cuanto al PP, su mantra es que el empleo todo lo cura y con él volverá la hucha de las pensiones a rebosar y volveremos a atar los perros con longanizas. Como si no hubiera quedado suficientemente claro que con unos salarios que no permiten a muchos trabajadores esquivar la exclusión social malamente se puede resolver el problema de las pensiones por la vía de ingresar dinero en la hucha.
Piensan mal algunos y tal vez anden bien encaminados, que detrás de esa actitud que parece confiar la solución del problema a la buena suerte económica hay un interés inconfesable de dejar quebrar el sistema para justificar la necesidad de cambiarlo por uno mixto en el que tengan un mayor peso los planes privados de pensiones. Bancos, aseguradoras y otros muchos llevan años lanzando la caña a ver qué pescan y publicando estudios apocalípticos sobre el futuro de las pensiones. Su principal y en ocasiones único argumento es el envejecimiento de la población, un mantra tendencioso que se quiere hacer pasar por determinante: el envejecimiento deviene en la imposibilidad de sostener el sistema de pensiones si son más los que las cobran que los que aportan a la caja común.
Que el envejecimiento es un factor que no se puede pasar por alto es cierto pero no es una maldición bíblica que no pueda paliarse con políticas de natalidad y conciliación laboral y familiar adecuadas. Por desgracia, la interminable campaña electoral en la que lleva embarcada España desde hace año y medio no ha sido tiempo suficiente para que los partidos políticos debatieran en profundidad sobre cómo garantizar el futuro de las pensiones, uno de los pilares básicos de lo que conocemos como el estado del bienestar. Cabe preguntarse si es esas tres palabras - estado del bienestar - aún significan algo para la clase política española, sobre todo para aquella parte de la misma que se reclama socialdemócrata si es que esa palabra tiene hoy algún significado político concreto y reconocible.