Luego de las elecciones primarias, los voceros oficiales -con la presidenta a la cabeza- afirmaron que dentro de los principales objetivos del próximo período está la aprobación de la "ley de tierras". El recién formado bloque unificado del Frente Amplio Progresista de Binner anticipó que votaría a favor, lo que hace suponer que el gobierno tiene los votos para su aprobación.
La ley fue presentada como un instrumento para evitar la extranjerización de la tierra y proteger el agua y las riquezas del suelo argentino, en momentos que crece la demanda de tierras. El desarrollo del capital sojero y otros negocios (biocombustibles) ha llevado a que se expanda la frontera agrícola a través desmontes y de la expulsión de campesinos y comunidades de pueblos originarios por parte de capitalistas.
La ley de tierras de los K no pretende evitar este proceso de confiscación, sino reservarles a los capitalistas y terratenientes locales una parte importante del botín. La presidenta dijo que era una "ley nacional y no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra" (Clarín, 28/8). Según la Presidenta, la cuestión de la tierra es un asunto de los que "tienen capacidad de invertir", es decir de los capitalistas. Es lo que opinan los gendarmes de este proceso de confiscación, los gobernadores K como Isfrán en Formosa, represor de campesinos y de la comunidad Qom, o Barrionuevo en Jujuy, quien reprime por cuenta y orden de los Blaquier. Vale un ejemplo: la propiedad de Blaquier, que estima en 150.000 hectáreas, no sólo no está cuestionada por la "ley de tierras", sino que incluso puede incrementarse, ya que es un capitalista nacional.
Entrelazamiento
Aunque sus voceros digan lo contrario, el proyecto impulsa una mayor asociación entre los capitalistas y terratenientes locales con el capital financiero internacional. Ocurre que el proyecto excluye del límite de las 1.000 hectáreas que se les permite comprar a los extranjeros a aquellas sociedades formadas entre éstos y los capitales locales, en tanto y en cuanto los primeros no tengan más del 50% del capital. Además, el proyecto permitirá duplicar la cantidad actual de tierras en manos de capitales extranjeros, pues pone un techo máximo del 20% del total de tierras que puedan estar en manos extranjeras, cuando en la actualidad se calcula que poseen el 10% de las extensiones.
De todas formas, el control del capital financiero sobre el negocio agrario no sólo depende de la propiedad directa de la tierra, sino del domino de los pool de siembra que trabajan sobre tierras alquiladas, los agroquímicos que producen los monopolios internacionales y la concentración de la exportación en manos de un grupo selecto de grandes pulpos imperialistas, como Cargill, Bunge, Dreyfus, etc. La "ley de tierras" no pone en juego estos intereses, que son los que hoy determinan el negocio agrario. Por eso se explica el apoyo de Binner, que es un representante directo de estos intereses que dominan la provincia de Santa Fe.
Hacia atrás, nada
Los Benetton, quienes compraron un millón de hectáreas, o los Soros y Lewis, los que compraron decenas de miles de hectáreas, tampoco tienen de que preocuparse, porque la "ley de tierras" no revisa las grandes adquisiciones ya consumadas.
Aunque los voceros K se entusiasmen con "la ley de tierras" y la presenten como una reparación que hace a las "cuestiones pendientes" del gobierno, lo cierto es que deja en pie hasta las cuestiones más escandalosas del menemismo, como la autorización para que capitales extranjeros compren las tierras de la frontera, muchas de ellas en manos de empresas off shore. El kichnerismo no pretende tocar esa legislación menemista, porque de hacerlo pondría en riesgo el negocio minero que se desarrolla en toda la zona andina y que ocupa el límite territorial con Chile. El kichnerismo ha hecho del negocio minero una de sus principales bases sociales y a los gobernadores que lo regentean, como Gioja, se los ha habilitado a la reelección permanente.
El apoyo de Binner a la "ley de tierras" K demuestra que es un defensor de los sojeros, pool de siembra, exportadores y capitales mineros. El electorado progresista tiene que sacar sus conclusiones. El Frente de Izquierda es la única fuerza política que defiende una nacionalización de las grandes propiedades agropecuarias, sean de capitales locales o extranjeros, la defensa de las comunidades de pueblos originarios y campesinos contra el acaparamiento capitalista y la nacionalización del comercio exterior.
Gabriel Solano