A veces, buenas nuevas

En ocasiones, las noticias que nos facilitan los medios de comunicación no revisten su acostumbrado carácter negativo, no se refieren a crisis económicas, barbaries del terrorismo, catástrofes naturales, estadísticas del desempleo o bloqueos políticos con los que habitualmente nos acogotan. A veces, traen buenas nuevas que insuflan un soplo de esperanza en el mañana y en una convivencia sosegada. Es cierto que esto suele suceder sólo rara vez, pero esas rarezas acaban siendo reales, como en la pasada semana. Se trata de una racha insólita de buenas nuevas porque, además, no sólo fue una, sino tres las noticias que vinieron a destacar que el sentido común, tan inhabitual en todo el mundo, todavía emerge cuando menos se espera. Eran tres informaciones de ámbitos diversos que nos reconforman el ánimo.
Una de ellas nos dio a conocer la noticia de que EE UU pone en marcha el mecanismo legislativo por el que la Cámara de Representantes -y posteriormente, el Senado- podría destituir (impeachment) al presidente Donald Trump de su cargo, si se confirma que ha presionado (chantajeado) a un país extranjero (Ucrania) para conseguir debilitar a un rival (Joe Biden, candidato demócrata a las próximas elecciones) en la política doméstica. Según un denunciante anónimo, perteneciente a los servicios de inteligencia, “el presidente está usando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020”. Llueve sobre mojado en la forma de proceder, sin respeto a la legalidad ni al cargo, del tramposo Trump, quien ya había sido investigado por un fiscal especial acerca de la trama rusa que presuntamente intervino para favorecer su elección y que concluyó que no podía imputar al presidente, pero tampoco exonerarlo. En esta ocasión, al parecer, existen pruebas contundentes de sus conversaciones, transcripciones no literales, con el presidente ucranio para que le hiciera “el favor” de abrir una investigación sobre la empresa en la que estuvo vinculado el hijo de Biden como consejero. En esa conversación había Instado al presidente ucranio que se pusiera en contacto con el abogado personal de Trump y con el fiscal general de EE UU, a fin de coordinar las acciones, asegurándole, a cambio, que Ucrania volvería a disponer de fondos de ayuda militar por valor de cientos de millones de dólares, préstamos que, efectivamente, a los pocos días se descongelaron. La impunidad en el abuso de poder del mandatario norteamericano puede tener, ahora, los días contados. Es, pues, una de las buenas nuevas que deparó la semana.
Otra procede de la convulsa Inglaterra, donde el Tribunal Supremo ha declarado “ilegal, nulo e inválido de origen” el cierre “autoritario” del Parlamento británico a instancias del Gobierno de Boris Johnson, con la finalidad de impedir que el Legislativo pudiera controlar el proceso del Brexit sin acuerdo al que está empeñado, sin ofrecer ninguna alternativa ni a Bruselas ni a los británicos, el primer ministro inglés. El impulsivo “premier” había utilizado una prerrogativa que, en esta ocasión, suponía abolir aleatoriamente la función suprema del poder Legislativo, ante el que tiene que rendir cuenta el Ejecutivo. La presidenta del Tribunal Supremo ha subrayado en su sentencia que no se trata de una decisión política, sino de determinar si los actores públicos han actuado dentro de su autoridad, conforme a una Constitución que, aunque no está escrita, existe y prevalece sobre los actos del Gobierno. La aventura de Johnson de saltarse la legalidad y actuar de espaldas al Parlamento ha quedado, así, contundentemente frenada. El Supremo ha reinstaurado la supremacía del Parlamento y ha afianzado el principio de separación de poderes en que se basa la democracia. Se trata, por tanto, de otra buena nueva que devuelve la confianza en las instituciones de un Estado de Derecho, en el que un tribunal de garantías constitucionales, por primera vez en la historia del Reino Unido, corrige una decisión gubernamental y dictamina que el primer ministro se ha saltado la ley. Es el espejo legal en el que debemos mirarnos.
La tercera noticia “positiva” la protagoniza otro Tribunal Supremo, esta vez español, al avalar por unanimidad la iniciativa del Gobierno de exhumar los restos del dictador Francisco Franco de su tumba en la basílica del Valle de los Caídos, donde fue enterrado en noviembre de 1975, para inhumarlos en el cementerio de Mingorrubio, en el municipio de El Pardo, donde residió cerca de 35 años y en el que yace su esposa. El Supremo ha rechazado, además, la pretensión de los familiares de trasladar los restos del dictador a una nueva tumba en la catedral de La Almudena, de Madrid, donde podrían ser objeto de exaltación. Aparte de otras consideraciones, era ésta una anomalía moral, histórica y democrática que perdura desde hace 44 años y que, ahora, parece que por fin se va a corregir. Porque, como indica el historiador Enrique Moradiellos en un artículo reciente, la retirada de la tumba de Franco del Valle de los Caídos era incuestionable. Ni el dictador fue un “caído” de la Guerra Civil que él mismo propició en 1936 al participar y liderar la sublevación militar contra el Gobierno de la República, ni su tumba es una más de las allí existentes, sino que ocupa un lugar de honor frente al altar mayor, lo que convierte aquel recinto en un mausoleo a su memoria, y, por si fuera poco, el horrible monumento levantado en recuerdo de los “mártires de la cruzada”, de los caídos de un bando, está financiado por los Presupuestos del Estado y el Patrimonio Nacional, por lo que, de hecho, es el Estado, y no su familia, el que costea un panteón privado, cosa que no se hace con ningún otro Jefe de Estado anterior o posterior a Franco. Que tal anomalidad pueda ser subsanada al fin, no deja de ser una buena nueva que restaura la dignidad y la memoria histórica en nuestro país.
Tal cúmulo de buenas noticias, que excepcionalmente destacaron entre las habituales de signo negativo que acaparan el contenido de los medios, alimenta la esperanza en un futuro en que las leyes y las instituciones protejan eficazmente a los ciudadanos de quienes hacen caso omiso de la legalidad, abusan de su poder y desprecian la voluntad y el interés general de la población. A veces, se producen buenas nuevas que no nos hacen perder la espèranza.