"La reunión en sede ministerial entre Rodrigo Rato y Jorge Fernández Díaz, poco antes de que el juez del caso Rato remitiese la instrucción a la Audiencia Nacional, es un flagrante ejemplo de irresponsabilidad política que exige una aclaración inmediata. Según ha informado este periódico, el pasado 29 de julio el titular de Interior recibió, en un ambiente de "cordialidad" y durante dos horas, al ex vicepresidente del Gobierno, imputado en varias causas y sobre el que pesan gravísimos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Fuentes del Ministerio enmarcaron la reunión en la relación de amistad que les une desde hace años y aclararon que los cuerpos de seguridad adscritos a su departamento son ajenos a las investigaciones que la Agencia Tributaria lleva a cabo sobre las actividades del que fuera todopoderoso ministro de Economía. Sin embargo, ambos argumentos son insuficientes.
El primero de ellos, porque un ministro lo es a tiempo completo y no puede desdoblar su personalidad mientras está en el cargo. Además, la reunión se produjo en el despacho de Fernández Díaz, lo que la convierte automáticamente en oficial. Por eso tienen razón tanto PSOE como UPyD al exigir que el ministro acuda al Parlamento a informar sobre el porqué de ese inoportuno encuentro y sobre el contenido del mismo.
Pero, sin duda, lo más grave es que el Ministerio no ha dicho la verdad en la segunda de sus alegaciones. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, desde hace meses la Guardia Civil colabora con los técnicos de Hacienda a través de la Unidad Central Operativa (UCO). El juez encargó expresamente a esta unidad especializada la investigación referida al posible delito de blanqueo, cuyos indicios han motivado el traslado de la causa a la Audiencia Nacional. De esta forma, la reunión en el Ministerio del Interior adquiere unos razonables tintes de sospecha que ni el Gobierno ni el PP pueden pasar por alto.
Dados los cargos de máxima responsabilidad política nacionales e internacionales desempeñados por Rato, su caso se ha convertido con razón en uno de los asuntos que el PP debe gestionar de la manera más transparente posible. No hay que olvidar que quien estuvo a punto de ser nombrado sucesor de Aznar y cuya gestión económica se ha presentado como modélica posee una fortuna de orígenes no justificados y tiene abiertas varias causas sobre su nefasto papel en Bankia, coronado con el deshonroso episodio de las tarjetas 'black'. A todo eso se añaden los cinco delitos fiscales que pesan sobre él y la nueva acusación de blanqueo de capitales. Tal y como informamos hoy, existe la sospecha de que el ex ministro ha invertido en el hotel que posee junto a su mujer en Berlín, 420.000 euros provenientes posiblemente de comisiones ilegales, obtenidas dureante su etapa al frente de Bankia. Las acusaciones revisten una enorme gravedad si se tiene en cuenta que la investigación sospecha que la cuantía total defraudada ronda los dos millones de euros. Por todo ello, es normal la intranquilidad de Rato, ya que la las penas de los delitos fiscales sumadas a las de blanqueo llevan aparejadas importantes penas de prisión.
Para evitar que las razonables sospechas que la reunión ha despertado entre la oposición y en la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que ha pedido la dimisión del ministro, Fernández Díaz debe explicar personalmente cuanto antes los detalles de lo ocurrido". (El Mundo, 10/8/2015).Sobra todo comentario. En cualquier Estado democrático del mundo mundial el Ministro del Interior estaría ya en su casa, dimitido, porque no habría sido necesario cesarle. En política los errores, que no los delitos, y este evidentemente no lo es, se pagan con la dimisión, pero aquí no. El presidente del gobierno de España, su componentes y el partido que los sustenta están vacunados contra toda tentación de asumir responsabilidades. Ellos, a lo suyo, que desgraciadamente no es lo nuestro. Pero las especulaciones sobre el contenido de esa conversación quedan en el aire mientras el señor ministro del Interior no de las explicaciones pertinentes en sede parlamentaria. El problema es que, a estas alturas, diga lo que diga, no le van a creer ni los suyos, y los ciudadanos corrientes y molientes tenemos todo el derecho del mundo a pensar mal mientras no se nos demuestre lo contrario, aunque lo jure el Ministro del Interior sobre los Evangelios. O quizá precisamente por eso...
Y ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν", nos vamos. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos.
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