En diciembre de 2013, comienza diciendo, el presidente Rajoy se negó al diálogo con los independentistas: «A ver a quién le da más vértigo». Ayer se despejó la duda con el cumplimiento del calendario secesionista aprovechando la banalización del riesgo por el Gobierno de España. Olieron el miedo del Gobierno y violentaron durante años la Constitución, su Estatut y los derechos de más de la mitad de los catalanes. Los secesionistas han demostrado que de facto son un Estado: que no hay autoridad sobre Cataluña al no reaccionar cuando aprobaron la Ley de Transitoriedad Jurídica (7 de septiembre) que erigió una nueva legalidad separada de España y del Tribunal Constitucional. No hay diferencias entre declaración y proclamación de una independencia. No hay preaviso en la suspensión ni es terreno de la libertad de expresión la declaración de independencia conforme a su Ley de Transitoriedad. No nos dejemos enredar en disquisiciones de leguleyos secesionistas: la suspensión es una nueva trampa para seguir dejando fuera de juego al PSOE, noquear al Gobierno y permitirles completar el control efectivo del territorio. Se dejó crecer la insurrección disfrazada de organizaciones pseudo-culturales (Omnium, ANC) que actuarán de comandos bien entrenados en la declarada República y se inmolarán para engañar al mundo.
La clave para el reconocimiento por los terceros Estados será si, declarada la independencia, es consentida por España. Dejaremos perfeccionar su hecho soberano si no actuamos; España reconocerá ante el mundo que los únicos poderes que se hacen respetar son los del Govern independentista; que la Constitución es papel mojado. Ya aceptó que las actuaciones de jueces, incluido el Tribunal Constitucional y fiscales carecen de ejecutividad pues la policía judicial catalana no obedece a los poderes constitucionales. Los reconocimientos al nuevo Estado se demorarán un tiempo; un nuevo Estado puede existir y enquistarse sin reconocimientos. Ya llegarán si España no pone fin a esa efectividad. No sirve ya lamentar la inconsciente complicidad de todos los Gobiernos de España. Pero por lo que no se hizo en 2013, ni en 2015 cuando aprobaron la hoja de ruta, ni aun cuando aprobaron las dos leyes de desconexión en septiembre pasado, es más que suficiente para pedir la dimisión del presidente. Está deslegitimado para salvar la paz y la concordia entre españoles. En enero de 2015 reclamé estar todos con el Gobierno. Ahora dimitir sería un acto de servicio a España. Si al PP algo le importa España debe aceptar que se forme un nuevo Gobierno con renovada legitimidad democrática, junto a Ciudadanos y los dirigentes sensatos que aún puedan quedar en el PSOE, presididos por un español de prestigio interno e internacional, como Solana, Piqué o Borrell, que logre la confianza del Congreso para defender el orden constitucional, restablecer los puentes rotos con la mitad de Cataluña, y preparar una reforma de la Constitución siguiendo el modelo alemán fundado en la lealtad.El Gobierno y el PP no pueden seguir ocultándose, primero, tras fiscales y jueces. Después, tras el Rey con su mensaje. De nuevo, tras las empresas catalanas decantadas por España (¿o Europa?) convencidas del vértigo del Gobierno ante la secesión. Necesitamos un Gobierno fuerte y una Constitución reformada para recuperar el seny y la concordia.
elblogdeharendt@gmail.comLa verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)