Más allá de sus objetivos electoralistas, estas iniciativas ponen de relieve la ideología del partido en el Gobierno, reacio a respetar la pluralidad existente en el seno de la sociedad y partidario de procurar la “seguridad” moral y física que exigen sus acólitos más radicales e intransigentes. Ninguna de las modificaciones legales tiene razón de ser en causas objetivas ni se dirige a resolver ningún problema de especial trascendencia y gravedad que afecte a la convivencia en la sociedad española.
Es decir, no se trata de un problema de “cantidad”, sino de “mentalidad”: Se legisla contra la mujer y, sobre todo, contra aquellas que sufren situaciones de violencia, abusos y desamparo, en su mayoría pertenecientes a familias desestructuradas, donde un embarazo indeseado puede generar un agravamiento del problema y un peligro para la mujer. Pero en vez de ayudarla a escapar de ese ambiente de amenazas e inseguridad, actuando con una eficaz educación sexual y asumiendo la manifestación de su voluntad de interrumpir un embarazo, el Gobierno penaliza y castiga a estas mujeres menores de edad que desean abortar, por motivos electoralistas y guiándose por prejuicios morales sectarios. Máxime cuando la actual ley de 2010 ha hecho disminuir progresivamente el número de abortos en España y, lo que es mejor, había erradicado la práctica clandestina de este procedimiento, tan letal para las mujeres sin recursos. No se trata, pues, de actuar a favor de la “seguridad” de la mujer, sino por un puñado de votos.
Desde el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacíase ha advertido de que esta reforma vulnera claramente la Constitución. LaLey Fundamental obliga que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad” estén “orientadas hacia la reeducación y reinserción social” del delincuente. Por tanto, ¿a qué viene este endurecimiento de las penas si no persigue la rehabilitación del penado? ¿Acaso hay un incremento de la delincuencia en España?