Acerca de la nueva “contribución” de Scotto, La Bisagra y La Franja.

CON FINANCIAMIENTO PRIVADO NO HAY EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA
El Rectorado de la UNC, el pasado miércoles, reemplazó la polémica resolución 5/90 (“Contribución Estudiantil Voluntaria”), que había avanzado en el arancelamiento de las facultades imponiendo trabas administrativas y académicas a los estudiantes que decidieran no “contribuir voluntariamente”, por una nueva contribución “voluntaria”.
La iniciativa, tal y como lo señaló la propia Rectora durante la sesión del HCS, ha puesto nuevamente en tela de discusión el escaso presupuesto universitario, el cual es notablemente insuficiente para responder a las necesidades académicas de la universidad, como lo vemos en el deterioro de los edificios, los magros salarios docentes, el trabajo gratuito de ayudantes alumnos y adscriptos, y el casi nulo ingreso a la UNC de los sectores más humildes de la población.
Pero ante dicha realidad, el gobierno universitario le responde con un nuevo “sistema de aporte voluntario” que habilitaría a la universidad a recibir “aportes solidarios”. No ha cambiado la situación: la suplantación de la 5/90 por esta nueva resolución deja abiertas las puertas para que las facultades establezcan sus propios aportes “voluntarios”, entre los cuales no se descarta la continuidad de las contribuciones actuales.
Pero la nueva resolución va más allá. Abre las puertas a los grandes grupos capitalistas y a la Iglesia para que puedan introducirse en nuestra educación pública. Estas personas “jurídicas” podrían contribuir con fondos a la universidad direccionando su destino; en realidad se trata del blanqueo de lo que sucede con los convenios cerrados por la UNC con empresas, donde éstas ponen dos mangos y a cambio disponen de los recursos humanos y tecnológicos de la universidad para generar conocimiento, a favor de sus intereses. Con la nueva resolución entran inmediatamente los fondos de las mineras, que el conjunto de la UNC rechazó hace años.
El control sobre esos fondos, como los del conjunto del presupuesto universitario, seguirá en manos de los decanatos. Así se consagran legalmente las cajas negras que existen en las facultades bajo el dominio indiscutido de los Yanzi Ferreyra, Iricos, Barraco, etc.
Lejos estamos de alcanzar una conquista histórica. Se trata del perfeccionamiento de una herramienta que permite la subordinación de la UNC a intereses ajenos a las necesidades sociales, y que descarga el ahogo presupuestario ahora ya no sólo sobre los estudiantes, sino sobre el conjunto de los claustros de la Universidad.
En aras de una supuesta defensa del principio gratuidad, que no es tal, se abren las puertas para desconocer el carácter público de la educación. No puede haber una universidad pública con financiamiento privado. Lejos de eliminar el arancel, se profundiza la política del autofinanciamiento e injerencia capitalista.
La única forma de garantizar una universidad pública y gratuita y resolver la cuestión social del acceso a la misma, mediante un plan de becas, es mediante el presupuesto único y estatal, que responda de manera integral a las necesidades presupuestarias de la UNC y las del pueblo, controlado por estudiantes y trabajadores universitarios. El gobierno nacional es responsable de garantizar este presupuesto.
Una educación pública y gratuita debe partir, como lo vienen reclamando docentes y estudiantes desde hace años, de la prohibición de cualquier tipo de arancel, sea en el ingreso en el grado o en el posgrado. A su vez, la UNC y las facultades deben publicar todos los convenios con las empresas. Por último, se debe avanzar en un relevamiento de las necesidades mencionadas, para exigir al gobierno nacional un aumento presupuestario acorde, que no puede ser inferior la triplicación del mismo.
Unión de Juventudes por el Socialismo - Partido Obrero
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