La reunión de los usuarios se producirá ese mismo día a las cuatro de la tarde frente a las puertas del Teatro Real, lugar donde realizarán la gala.
Los organizadores también han señalado que la gente que no pueda acudir podrá participar en un ataque DDoS. De momento no se ha confirmado cuales serán los objetivos del ataque, para seguir las instrucciones se tendrá que buscar la etiqueta #hispano en Twitter.
Consiste en generar un aumento del tráfico de una página para provocar su saturación y hacerla inaccesible. De este modo, para inutilizar temporalmente una web basta con que muchos internautas se pongan de acuerdo e intenten acceder a una url seleccionada al mismo tiempo. Sin embargo, para que el ataque sea más rápido y efectivo algunos usuarios suelen recurrir a botnets, robots informáticos que pueden enviar solicitudes de acceso continuadas a una web de manera automática.
Mediante este sistema se han "tumbado" varias páginas, Visa, MasterCard, PayPal, la SGAE, el Ministerio de Cultura y los partidos que apoyan la Ley Sinde han sido ya víctimas de estos ataques.
Ha contribuido al auge de estos ataques, aparte de su sencillez de ejecución, es que hasta el momento no constituían una actividad ilegal. Pero tras la reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 23 de diciembre, se han endurecido las leyes sobre delitos informáticos. Ahora, los responsables de un ataque DDoS se exponen a duras penas: "El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años".
Con esta nueva redacción, los ataques de denegación de servicio aparecen tipificados como delitos, por lo que es posible denunciarlos. En caso de que alguno de los afectados decidiese denunciar el ataque, la brigada de investigación tecnológica de la Policía Nacional se encargaría de identificar a los responsables y un juez decidiría si se ha llevado a cabo una actividad con consecuencias "graves".
Visto en 20minutos.es.