El pasado 16 de febrero, unos hombres uniformados pertenecientes a los servicios de seguridad de la Fuerza Aérea siria irrumpieron en el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión y detuvieron a 16 personas que se encontraban allí en ese momento, entre ellas su director, Mazen Darwish.
Los asaltantes también se llevaron ordenadores portátiles, teléfonos móviles y archivos que contenían información confidencial sobre el trabajo del Centro. La causa del asalto tiene que ver con el trabajo por los derechos humanos que se realiza en el Centro.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de los servicios de seguridad de la Fuerza Aérea en Damasco, donde liberaron a siete mujeres, una visitante del centro en el momento de la detención y el resto empleadas del mismo, dos días más tarde, el 18 de febrero, con la condición de personarse a diario desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde para someterse a nuevas investigaciones. Sus nombres son Yara Badr, Sanaa Mohsen, Mayada Khalil, Razan Ghazzawi, Rita Dayoub, Maha Assabalani y Hanadi Zahlout, esta última la visitante.
Los otros nueve, Mazen Darwish, Hani al-Zitani, Abd al-Rahman Hamada, Hussein Gharir, Mansour al-Omari, Bassam al-Ahmed, Ayham Ghazoul, Joan Fersso y Shadi Yazbek, continúan recluidos sin cargos y sin juicio. Sus familias no saben nada de ellos desde entonces e ignoran si han tenido acceso a un abogado. El riesgo de sufrir torturas y otros malos tratos es elevado.
Las manifestaciones en demanda de reformas iniciadas en Siria en febrero de 2011 se convirtieron en protestas multitudinarias a mediados de marzo. Las protestas han sido en gran medida pacíficas, pero las autoridades sirias han respondido a ellas con brutalidad extrema con objeto de reprimirlas.
Amnistía Internacional afirma conocer el nombre de más de 6.200 personas muertas en el marco de la violencia desatada. La mayoría fueron asesinadas durante las protestas, donde las fuerzas de seguridad dispararon contra ellas con munición real cuando asistían a manifestaciones o a funerales de personas muertas en protestas anteriores. También han muerto miembros de las fuerzas de seguridad, algunos a manos de desertores del ejército que luchan contra el gobierno.
Desde entonces, millares de personas han sido detenidas, muchas de ellas en régimen de incomunicación en lugares desconocidos donde son torturados y sometidos a malos tratos. Más de 270 personas han muerto bajo custodia en circunstancias sumamente sospechosas desde el 1 de abril de 1011.
El Estado sirio tiene múltiples organismos de seguridad e inteligencia, así como grupos aún más opacos, muchos de ellos armados, aunque no necesariamente uniformados, que llevan a cabo secuestros, homicidios y otros abusos, aparentemente en coordinación con agentes oficiales o, al menos, con su aprobación. Amnistía Internacional posee numerosos informes sobre individuos armados que amenazan, someten a abusos y, en algunos casos, matan a personas por su supuesta vinculación o apoyo al Estado.
Las autoridades sirias cerraron el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión en 2009, pero volvió a abrir posteriormente sin autorización oficial. Desde entonces ha estado publicando informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra periodistas y contra la prensa y sobre restricciones indebidas de la libertad de expresión.
Amnistía Internacional ha documentado el aumento de las violaciones de derechos humanos que las autoridades sirias vienen cometiendo contra activistas y defensores de los derechos humanos desde que comenzaron las manifestaciones en demanda de reformas en Siria en marzo de 2011.