La actitud del PSOE y del PP en relación a cuál debe ser la mejor forma de gestionar los bienes públicos ha estado marcada en las últimas décadas por el recurso al exceso y la insensatez. Los conservadores están convencidos de que una sociedad de bienestar debe ceder la administración de los bienes sociales a empresas privadas, que -según su lógica neoliberal- serán más eficaces y sostenibles. De esta forma, y para facilitar la percepción mediática de esta tesis, se han encargado en la medida de lo posible de debilitar y destruir los servicios públicos ya existentes, primando un modelo de gestión que acabe favoreciendo la imagen de la empresa privada como aquella que mejor puede ofrecer bienes de calidad a precios competitivos. La crisis económica no ha hecho sino aumentar esta creencia entre los conservadores; el Ejecutivo de Rajoy percibe los servicios públicos como una patata caliente de la que lo mejor sería desprenderse y que en manos privadas evitaría al Gobierno gastos y esfuerzos innecesarios. Así, les interesa propiciar un mínimo gasto en servicios públicos y sí primar el fortalecimiento de empresas privadas que los abastezcan. Esta lógica, desde un punto de vista social, no hace sino discriminar a aquellos que no puedan pagarlos.La crisis económica se ha vuelto en contra de esta doctrina, demostrando la necesidad de que el Estado posea una red de protección de bienes comunes básicos que asegure que todos y cada uno de los ciudadanos tengan su acceso cubierto. La crisis económica ha propiciado el resurgir de un nuevo interés por los bienes públicos y la estigmatización del libre mercado desregulado como principal causante de los males actuales. La ciudadanía ha descubierto la importancia que tiene defender la protección de un Estado de Bienestar sostenible y responsable. Sin embargo, culpa en parte a la izquierda socialista de una mala gestión de estos bienes, caracterizada -a la luz de los hechos presentes- por el derroche y la mala administración de los servicios públicos. A la austeridad ultraliberal de los conservadores se suma la incontinencia y el descontrol en manos de los socialistas. El término medio brilla por su ausencia en este binomio dialéctico. Ambos partidos salen perdiendo en esta ecuación.Gran parte de la ciudadanía española empatiza con el modelo socialdemócrata, porque aseguraba -por lo menos hasta hace poco- el sostenimiento de un sistema de protección social y permitía mantener un nivel de vida compatible con las exigencias de la sociedad de consumo. La ciudadanía alababa poder disponer de unos servicios públicos de calidad, sin tener necesidad de recurrir al sector privado para compensar las deficiencias de lo público. Los servicios sociales públicos no se cuestionan; al contrario, se consideran un patrimonio a proteger. Ahora que la crisis pone en peligro el sostenimiento de este sistema, la ciudadanía no cuestiona el Estado de Bienestar, sino la incompetencia de sus gestores. La idea es buena, pero la ejecución hace aguas, ya venga de la derecha conservadora o de la izquierda socialista.Al PSOE se le acusa de traición al sueño socialdemócrata, de haber cedido año tras año a los chantajes del libre mercado, mientras la tierra de leche y miel siguiera dotando de bienes inagotables a los votantes. Se les acusa de haberle hecho la cama al sistema financiero y a la banca, traicionando su propia ideología de tradición obrera. Se les acusa de haber sido ingenuos al creer en la sostenibilidad eterna del sistema; de no haberlo gestionado con responsabilidad, multiplicando cargos y prebendas, y no arbitrar medidas de control y evaluación del gasto público cuando la ocasión lo requería. Con la gestión económica del PP hemos pasado de un extremo a otro, de la ilusión de que lo público es inagotable al Estado mínimo como horizonte político. La crisis debiera ser una ocasión para que la izquierda española hiciera un acto sincero de contrición y pusiera en marcha un nuevo modelo progresista que combine con mesura y honestidad justicia social y mercado. Esto es imposible si no se sanean internamente las administraciones públicas, arbitrando un modelo eficaz y sostenible que asegure bienes básicos para todos. Pero tampoco será posible si no se subordina la libertad del mercado a la política, si la justicia social no se convierte en el axioma vinculante que vertebre toda política económica. Por el contrario, Rubalcaba protagoniza una secretaría tibia, a la espera de que el desgaste del actual Ejecutivo le regale la Moncloa. El electorado de izquierda se verá obligado a votar lo menos malo, pero no lo mejor.Ramón Besonías Román
La actitud del PSOE y del PP en relación a cuál debe ser la mejor forma de gestionar los bienes públicos ha estado marcada en las últimas décadas por el recurso al exceso y la insensatez. Los conservadores están convencidos de que una sociedad de bienestar debe ceder la administración de los bienes sociales a empresas privadas, que -según su lógica neoliberal- serán más eficaces y sostenibles. De esta forma, y para facilitar la percepción mediática de esta tesis, se han encargado en la medida de lo posible de debilitar y destruir los servicios públicos ya existentes, primando un modelo de gestión que acabe favoreciendo la imagen de la empresa privada como aquella que mejor puede ofrecer bienes de calidad a precios competitivos. La crisis económica no ha hecho sino aumentar esta creencia entre los conservadores; el Ejecutivo de Rajoy percibe los servicios públicos como una patata caliente de la que lo mejor sería desprenderse y que en manos privadas evitaría al Gobierno gastos y esfuerzos innecesarios. Así, les interesa propiciar un mínimo gasto en servicios públicos y sí primar el fortalecimiento de empresas privadas que los abastezcan. Esta lógica, desde un punto de vista social, no hace sino discriminar a aquellos que no puedan pagarlos.La crisis económica se ha vuelto en contra de esta doctrina, demostrando la necesidad de que el Estado posea una red de protección de bienes comunes básicos que asegure que todos y cada uno de los ciudadanos tengan su acceso cubierto. La crisis económica ha propiciado el resurgir de un nuevo interés por los bienes públicos y la estigmatización del libre mercado desregulado como principal causante de los males actuales. La ciudadanía ha descubierto la importancia que tiene defender la protección de un Estado de Bienestar sostenible y responsable. Sin embargo, culpa en parte a la izquierda socialista de una mala gestión de estos bienes, caracterizada -a la luz de los hechos presentes- por el derroche y la mala administración de los servicios públicos. A la austeridad ultraliberal de los conservadores se suma la incontinencia y el descontrol en manos de los socialistas. El término medio brilla por su ausencia en este binomio dialéctico. Ambos partidos salen perdiendo en esta ecuación.Gran parte de la ciudadanía española empatiza con el modelo socialdemócrata, porque aseguraba -por lo menos hasta hace poco- el sostenimiento de un sistema de protección social y permitía mantener un nivel de vida compatible con las exigencias de la sociedad de consumo. La ciudadanía alababa poder disponer de unos servicios públicos de calidad, sin tener necesidad de recurrir al sector privado para compensar las deficiencias de lo público. Los servicios sociales públicos no se cuestionan; al contrario, se consideran un patrimonio a proteger. Ahora que la crisis pone en peligro el sostenimiento de este sistema, la ciudadanía no cuestiona el Estado de Bienestar, sino la incompetencia de sus gestores. La idea es buena, pero la ejecución hace aguas, ya venga de la derecha conservadora o de la izquierda socialista.Al PSOE se le acusa de traición al sueño socialdemócrata, de haber cedido año tras año a los chantajes del libre mercado, mientras la tierra de leche y miel siguiera dotando de bienes inagotables a los votantes. Se les acusa de haberle hecho la cama al sistema financiero y a la banca, traicionando su propia ideología de tradición obrera. Se les acusa de haber sido ingenuos al creer en la sostenibilidad eterna del sistema; de no haberlo gestionado con responsabilidad, multiplicando cargos y prebendas, y no arbitrar medidas de control y evaluación del gasto público cuando la ocasión lo requería. Con la gestión económica del PP hemos pasado de un extremo a otro, de la ilusión de que lo público es inagotable al Estado mínimo como horizonte político. La crisis debiera ser una ocasión para que la izquierda española hiciera un acto sincero de contrición y pusiera en marcha un nuevo modelo progresista que combine con mesura y honestidad justicia social y mercado. Esto es imposible si no se sanean internamente las administraciones públicas, arbitrando un modelo eficaz y sostenible que asegure bienes básicos para todos. Pero tampoco será posible si no se subordina la libertad del mercado a la política, si la justicia social no se convierte en el axioma vinculante que vertebre toda política económica. Por el contrario, Rubalcaba protagoniza una secretaría tibia, a la espera de que el desgaste del actual Ejecutivo le regale la Moncloa. El electorado de izquierda se verá obligado a votar lo menos malo, pero no lo mejor.Ramón Besonías Román