Retomando el punto inicial de la discusión, resulta desconcertante la actitud que asumió el ministro de salud economista Alejandro Gaviria, en el caso de la paciente necesitada del trasplante de médula ósea. Su justificación se concibe en esa clásica actitud de menospreciar el dolor ajeno, más cuando se trata de alguien que no pertenece a las altas elites políticas o sociales de Colombia. Estamos cansados de vivenciar las amargas diferencias de trato para resolver los problemas entre la gente de a pie y los amigos y socios del poder.Por si fuera poco el economista Gaviria es de lejos un hombre frio y calculador que desconoce el sentido de compasión o de humanidad. En repetidas ocasiones lo ha comprobado desde cuando era decano de economía de la universidad de los Andes y escritor del diario El Espectador, este señor proponía teorías y normas provistas del menor sentido de conmiseración. Como aquella en la que avalaba la cancelación de las mesadas de jubilación para los mayores de 80 años como respuesta al déficit de los fondos pensionales y como esta lucida propuesta tiene otras del mismo estilo. De ahí que poco era lo que se podía esperar de parte del señor Gaviria en el caso de Camila Abuabara; ahora él ha actuado con la actitud justiciera de siempre, en la que el código, la economía y el proteccionismo del ente privado priman sobre la salud humana y la conducta compasiva. Inclusive realizando acciones de cabildeo, como lo denunció el abogado de la chica, ante el juez que ha llevado la causa de reclamación interpuesta por la joven.
Pero aquí él no es el único responsable de la actitud fastidiosa y desalentadora frente a la paciente. Su EPS a regañadientes y bajo la presión de los fallos judiciales se ha visto obligada a actuar en favor de la enferma. Todo esto vislumbra el tortuoso camino que debe transitar un enfermo afectado por una enfermedad catastrófica, en donde siempre predomina el mercantilismo sobre el cuidado del enfermo en la prestación obligatoria de servicios de salud. Aunque recordemos que este servicio no es gratis, pues cada abonado entrega un porcentaje establecido por ley para tener derecho a esta prestación.
Pero este no es un caso aislado, ahora los invito a considerar estas otras denuncias.
Una mujer gestante y mayor de 40 años acude a realizarse una ecografía de control, como parte del especial cuidado que se debe realizar a las embarazadas de alto riesgo, como es el en el caso señalado.
Este examen lo realiza una entidad estatal con un costo razonable frente al valor que recauda una institución que efectúa ecografías de carácter privado. La entidad privada cobra hasta 4 veces más el valor asignado por la organización estatal. Pero el análisis en la búsqueda de mal formaciones fetales, que tiene un valor por lectura, solo lo realizan los expertos de la institución privada y exigen sin la menor prudencia que la ecografía provenga de sus instalaciones, puesto que no admiten el examen realizado por el laboratorio estatal.
¿Qué sucede con las cientos de gestantes en alto riesgo que no pueden costear el valor de la ecografía realizada en la organización privada?
Resulta que este tipo de pruebas no estas cubiertas por el plan obligatorio de salud, así que quien no tiene como costearlo solo puede desear y orar para que su bebe nazca sin malformaciones.
Como debemos calificar este tipo de conducta de los profesionales del sector salud ¿Cinismo, falta de decoro o aberrante mercantilismo? Sugieran estimados lectores cual es el calificativo adecuado para tal comportamiento.
Una mujer mayor de 84 años y que en los últimos 35 años ha pagado cumplidamente su seguro de medicina prepagada, sufre 3 infartos que desencadenan una series de nuevas patologías, agravadas por una mediocre atención del servicio de medicina al que está adscrita. Ella cumplidamente ha visitado al menos 2 veces al año a un internista en los últimos 15 años para que evalúe su estado general de salud y prescriba los exámenes y tratamientos adecuados a sus eventuales problemas médicos. Por increíble que parezca este profesional no consideró necesario realizar pruebas al corazón a pesar de una diabetes establecida hace varios años y problemas de presión arterial alta. Ahora con la edad tan avanzada los médicos que la atienden se cuestionan de por qué no se le practicaron angiografías o cateterismos a su corazón para construir un diagnóstico adecuado y prevenir obstrucciones que conllevaron a los infartos.
Ahora cómo es posible que una persona cotizando un servicio que en apariencia es de primera categoría no recibe la adecuada valoración profesional en órganos que se deterioran por la edad y sus dolencias que se han ya establecido. Resulta curioso que al señor internista no se le ocurriera jamás realizar una valoración a fondo para la paciente en asuntos cardiovasculares.
¿Sera impericia médica? O es una muestra de apatía en responder éticamente por la salud de un paciente.
¿Pesará sobre la continuidad contractual del médico en cuestión, si expone a la institución a costosos procedimientos con demasiada reiteración?
A igual que con del asunto del Ébola, surgen dudas inmensas en el comportamiento ético y profesional de un numeroso grupo de profesionales adscritos a este digna profesión, que vela por el derecho primario de la salud.
¿Seguirá el comportamiento mercantil anteponiéndose al adecuado servicio de prestación en salud y en consecuencia deterioraremos con mayor hincapié nuestro modelo de vida en sociedad?
Como siempre dejo en manos de cada uno el respectivo análisis y la reflexión que nace de ahí.