La FGE y la CEDH están omitiendo el acceso a la justicia mediante la falta de investigación de delitos en contra de los derechos humanos, presuntamente por órdenes de bloqueo de las carpetas y expedientes de investigación por parte del titular del poder ejecutivo estatal (el gobernador Juan Manuel Carreras López) y del fiscal general del estado (el maestro en derecho Federico Arturo Garza Herrera). Esto es un claro indicador del tráfico de influencias que hay en ambas instituciones, pues en lugar de que realicen su trabajo investigando delitos, detienen indeterminadamente o concluyen falsamente las investigaciones.
Además, están surgiendo varios casos en los que, al presentar una queja ante la CEDH, las recomendaciones que debería emitir se detienen y/o se negocian; tal es la gravedad del asunto que ha llegado a haber recomendaciones que no estipulan cuáles derechos humanos fueron violados ni por quién. Es por esto que se tiene que acudir con la CNDH para impugnar las recomendaciones dictadas por la CEDH; mediante este recurso de impugnación la CNDH es la que le hace recomendaciones a la CEDH por no cumplir con su deber.
Ahora resulta que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos tienen que estar realizando litigaciones en contra de los mismos organismos que se supone existen para protegerlas y defenderlas.
Por lo pronto ya se le informó a Rosario Piedra Ibarra (presidenta de la CNDH) sobre las mañas que está teniendo la institución dirigida por Jorge Andrés López Espinosa (presidente de la CEDH), y ésta dijo estar sorprendida por la situación y aseguró que tomaría cartas en el asunto. Gracias a esto, el Órgano de Control Interno de la CNDH ya se encuentra investigando las filtraciones. La presidenta también les confirmó la observación de la CEDH por parte de la CNDH, pues estarán investigando las recomendaciones que emita, independientemente de su resultado.