Pedro Sánchez, Albert Rivera, el PSOE, Ciudadanos y otros dirigentes políticos y partidos españoles podrían estar violando la Constitución al acusar falsamente a VOX de ser un partido de "extrema derecha", cuando ese partido acepta y se somete al sistema político vigente y defiende la Constitución Española con uñas y dientes. Se trata de un asunto grave, aunque la prensa lo oculte y participe de la violación, porque no hay conducta más antidemocrática que violen la Constitución aquellas personas que, por su cargo, son las primeras llamadas a respetarla.
Al acusar a VOX sin fundamento, estigmatizándolo y convirtiéndo a ese partido en una especie de monstruo nocivo, Sánchez y sus aliados pretenden frenar su ascenso y restarle votos a través del miedo, toda una política de bajeza que no tiene sitio en un sistema como la democracia, basado en la verdad y la defensa del bien común. Los que participan en esa acusación, que viola la presunción de inocencia y propaga la mentira y la calumnia, están logrando que VOX tenga menos votos porque algunos de sus simpatizantes más débiles e inconsistentes, confiados en que el poder del Estado dice la verdad, han abandonado a su partido ante las urnas.
No todo vale en política, aunque desde el PSOE se haya dicho lo contrario con frecuencia. La política, en democracia, debe ser limpia y ejemplar, capaz de enaltecer al ciudadano y mejorar la sociedad, no un basurero inmoral.
VOX acaba de incorporarse al grupo de Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo (CRE), un grupo distinto al que agrupa a los grandes partidos de extrema derecha, como los que pilotan el italiano Salvini y la francesa Le Pen. El grupo CRE defiende las raíces cristianas y los valores europeos y se declara respetuoso con el orden constituido. Su euroexcepticismo es mucho más suave que el de otras formaciones y su voluntad de respetar el sistema democrático y fortalecerlo está más que clara.
Demonizar a un partido que quiere acabar con la corrupción, defender los símbolos de la nación, hacer respetar la unidad de España, ordenar el flujo migratorio para que no entren indeseables mezclados con delincuentes y aprovechados, revisar el papel de las autonomías, que se han convertido en fuentes de disgregación, corrupción y abusos de poder, rediseñar las leyes de género para que no aplasten al varón, bajar los impuestos, eliminar las subvenciones públicas a los partidos, adelgazar el Estado, proteger a la familia y otras medidas similares, no es justo, sino producto de la inmensa corrupción que infecta a la vida política española y a muchos de sus políticos y partidos.
Un presidente de gobierno no puede administrar "injusticia verbal", ni mentir, ni aprovechar su cargo para desacreditar al adversario político con acusaciones falsas que causan daño y perjuicio. Esas acusaciones, que generan desigualdad y rompen el principio de presunción de inocencia, son indignas, inmorales, impropias y condenables en un dirigente democrático.
La estigmatización de VOX como partido peligroso y miembro de la extrema derecha es una de las operaciones más indecentes e inmorales protagonizadas por un partido político desde la vigencia de la democracia porque se fundamenta en la mentira y porque responde no al bien común sino al interés de unos partidos políticos, que quieren ganar votos por todos los medios, incluídos los ilícitos e inmorales.
Francisco Rubiales
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