En toda guerra, pleito o discusión, se calcula cuánto cuesta derrotar al contrario. Tras los 840 asesinados reconocidos de ETA queda el alivio de que, aunque mate a alguien más por no negociar con ella, el final de la banda será próximo e inexorable si no se cede ante ella, ni siquiera en lo más mínimo.
Si se ha resistido hasta aquí sufriendo años como 1980, con 93 muertos, podemos soportar algunos más, aunque las víctimas seamos nosotros mismos.
Aceptado el riesgo, debe rechazarse radicalmente cualquier mediación que propongan unos supuestos representantes internacionales cargados de ingenuo angelismo.
Y es mucho menos aceptable cualquier oferta de Batasuna, que ahora se presenta como una sociedad benéfica porque necesita participar en las elecciones para que sus capos obtengan más ingresos que la parte del “impuesto revolucionario” que les cede ETA.
No deben facilitársele fondos: provocó tanto dolor durante décadas, fue tal fábrica de asesinos, que debe padecer la legislación más dura posible.
Además, aún derrotada, ETA sigue retando: tras ofrecer su alto el fuego “permanente, unilateral y verificable”, advierte que mantendrá el “impuesto revolucionario”, robará coches y armas, y que atacará si le persiguen.
El coste de acabar con ETA no será muy alto. Hay un indicador sobre su debilidad: ya es incapaz de mover el árbol que tantas nueces le regaló al PNV, que por eso le exige ahora categóricamente que abandone las armas.
Y recordemos que hasta que perdió el poder, hace año y medio, ese PNV evitaba que la Ertzaintza persiguiera a la banda, aunque parece haberlo olvidado José Luís Rodríguez Z., porque al hacerle extrañas concesiones para obtener su apoyo a los presupuestos ha debilitado al actual lehendakari socialista.
Y si el PNV gobernara nuevamente, quizás agradecería que volvieran a agitarle violentamente el nogal.