La administración pública como ciencia, es la potencia que corrige, arregla y, mejora todo cuanto existe tanto a los seres como a las cosas, entendiéndose por “cosa” todo lo material. El ámbito de ambivalencia de esta potencia es lo público privado que cada vez aporta a las personas naturales y, jurídicas nuevas formas de contratación regulada por la ley 80 de 1993 a través de contratos directos de menor cuantía, de selección abreviada e importantes licitaciones, con lo cual se nota el desarrollo vía hacia el progreso. Además de esta posibilidad de riqueza se dispara la corrupción. Debido a esta eclosión de prosperidad de los contratistas, el Estado se desangra descuidando a la población más vulnerable. Los congresistas del mundo si bien, tienen el derecho y, la autoridad de aprobar todo tipo de proyecto en pro de la población, pero en este tipo de gestión la ética deteriora los valores de los gestores, por la necesidad de riqueza injustificada. La misma ley proferida y, promulgada por el senado de la república debe de ser reformada, así evitaremos los malos manejos que se le ha dado a la bella ciencia de la administración pública, como por ejemplo, el crear sanciones por peculado y, cohecho, así mismo, la instalación de un nuevo órgano de control dirigido por funcionarios realmente brillantes, para que cualquier país sea sostenible evitando el deterioro de la sociedad, donde el gobernante pueda asistir con excelentes decisiones las necesidades de sus gobernados.