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“Los contratistas privados de seguridad (en Afganistán) pasaron dinero de los contribuyentes estadounidenses a los señores de la guerra afganos y a hombres fuertes directamente conectados con asesinatos, secuestros, actos de corrupción, así como con actividades de los Talibanes y otras en contra de la coalición” de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF).
De las más de 26 mil personas que operan en Afganistán en calidad de “personal privado contratado para la seguridad”, “muchos están asociados con grupos armados fuera del control gubernamental”. Por lo anterior, “la proliferación de personal privado de seguridad en Afganistán es incompatible con la estrategia de contrainsurgencia” promovida por el Comando Central de Estados Unidos en el país asiático.
Éstas son las conclusiones de la Comisión de Fuerzas Armadas (CAS) del Senado de Estados Unidos (EU), publicadas el pasado 28 de septiembre en un documento titulado “Investigación acerca del rol y la negligencia de los contratistas privados de seguridad en Afganistán”.
Los juicios de los senadores norteamericanos representan el último de una larga serie de reveses para la administración Obama, empeñada en retomar el control de la cada vez más complicada misión en el país asiático. Los miembros de la CAS, entre los cuales figura el excandidato presidencial republicano John McCain, señalan también que las empresas contratadas por el gobierno de EU “no están respetando los protocolos, ya que no controlan de manera adecuada los perfiles del personal local contratado“.
Aunado a lo anterior, las mismas empresas “están minando la posibilidad para el gobierno afgano de retener el personal” de las fuerzas de seguridad nacionales, ya que “reclutan su personal ofreciéndoles mejores salarios”.
Los señores de la guerra
La investigación de la CAS se realizó durante el año 2009, a través de la lectura de “cientos de miles de archivos” proporcionados por el Departamento de Defensa (DoD), por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y por empresas privadas de seguridad contratadas por el gobierno de Washington.
En particular, los analistas de la CAS se concentraron en los más de 26 mil agentes de seguridad privados presentes hoy en Afganistán, cifra incluida en los 112 mil contratistas del gobierno de Estados Unidos empeñados también en otras actividades. Una cantidad importante, indica el documento, pues “cuando la 101ª División Aerotransportada del Ejercito (de EU) ocupó al país en 2001, se desplegaron 20 mil soldados”.
Uno de los casos denunciados comenzó en marzo de 2007, cuando la Fuerza Aérea de EU encargó a la empresa Environmental Chemical Corporation (ECC) la construcción de una base aérea en la localidad de Shinand, en la provincia de Herat, en el noroeste del país. A su vez, ECC contrató los servicios de seguridad de la empresa inglesa ArmorGroup International (AGI).
La empresa de seguridad privada, ya presente en la lista de más de 70 empresas contratadas por el DoD para sus operaciones en Afganistán, en su búsqueda de personal para dicha misión de “protección” reclutó a “dos señores de la guerra” que la misma empresa identificó con el nombre de Mr. White y Mr. Pink.
Los dos no mejor identificados ciudadanos afganos fueron, según indica el reporte, “recomendados por personal militar de EU”, ya que en estos dos hombres encontraban “el punto de contacto local para evitar las largas filas de gente buscando trabajo”. El primer grupo proporcionado por AGI a la empresa ECC e integrado por personal de los dos “señores fuertes” de la región comenzó a operar en junio de ese mismo año.
Sólo un mes después, en julio, el llamado Mr. White fue objeto de un atentado, justo en las inmediaciones de la base en construcción. El episodio nunca fue aclarado. Sin embargo, el 12 de diciembre siguiente, el Mr. White fue otra vez atacado.
El documento del Senado de EU describe la batalla que se generó en el mercado local a raíz del atentado. Dos grupos oponentes: el de Mr. White y sus “fieles” y otro grupo guiado por Mr. Pink, quien finalmente logró matar a su par. El enfrentamiento, que es descrito por los testigos como “un reglamento de cuentas de estilo mafioso”, dejó sin “personal” a la empresa AGI, ya que el asesino (y subcontratista de AGI) “se fue a un pueblo cercano y se reunió con combatientes talibanes”.
Para suplir dicha falta, la empresa buscó al hermano de la víctima --identificado con el nombre de Mr. White II-- para encargarle el trabajo. Además, denuncian los autores del reporte, AGI siguió trabajando con los hombres del desaparecido Mr. Pink durante al menos otro mes.
En efecto, señala el reporte, “este personal fue despedido sólo cuando se descubrió que pasaban información a Mr. Pink acerca de nuestros movimientos de y hacia Herat y las rutinas de seguridad de la base”.
La trayectoria del nuevo “punto de contacto” está también llena de episodios poco claros. Según la investigación, no sólo hubo reportes internos a la empresa que señalaban que “el sujeto apoyaba las operaciones de los talibanes”, ofreciendo a los comandantes insurgentes “mucho del dinero de sus contratos”, sino que además Mr. White II fue el protagonista de actos de corrupción de las autoridades locales, en particular del responsable del Ministerio de la Defensa afgano en Herat.
La investigación del Senado de EU descubrió, finalmente, que el nuevo encargado por AGI de proveer de personal de seguridad para sus operaciones, el llamado Mr. White II, murió el 21 de agosto de 2008, en una operación en búsqueda del mullah Sadeq, considerado a su vez “un valioso comandante talibán”.
Las fuerzas del ISAF orquestaron un operativo que condujo a un bombardeado del pueblo de Azizabad. Durante dicho operativo murieron Mr. White II y otros siete hombres de su “equipo” mientras estaban reunidos con el jefe talibán. Junto a ellos perdieron la vida más de 90 civiles, en la que fue una de las operaciones mayormente criticada por la opinión pública internacional.
El clamor generado por dicho bombardeo obligó al entonces presidente estadounidense George W. Bush a realizar una llamada telefónica al presidente afgano Hamid Karzai “para expresarle su pesar por las muertes civiles”. A pesar de las “advertencias”, AGI y sus filiales no dejaron de tener relaciones con los hombres del extinto Mr. White II.
Miembros de la empresa contactaron con el hermano del “señor de la guerra local” y le encargaron la búsqueda de “mano de obra”. De esta manera, AGI firmaba otro contrato con el nuevo referente, indicado con el nombre de Mr. White III.
Acusaciones
El reporte del Senado de Estados Unidos señala otros casos “sensibles”, como el de la empresa Eod Technology que contrató “señores de la guerra” de la localidad de Adraskan, entre los cuales figuró el llamado "General" Said Abdul Wahab Qattili, quien fue señalado por los servicios secretos militares de EU como “el comandante del grupo de Herat encargado de conducir la Jihad (“guerra santa”)” en 2003.
El mismo “general” estaría además involucrado en operaciones de transmisión de información “acerca de las operaciones de Estados Unidos en Afganistán” a gobiernos extranjeros, entre los cuales, afirma el documento, se encontraría Irán.
Más adelante, la investigación de la CAS indica que “en el afán de evitar problemas como los ilustrados”, actualmente las empresas de seguridad privadas “contratadas por el gobierno de Estados Unidos” están “substrayendo personal a las fuerzas locales (afganas) de seguridad”, entre éstas la Policía Nacional Afgana (ANP) y el mismo Ejercito Nacional Afgano (ANA).
Según los senadores estadounidenses, las empresas privadas de seguridad, como ArmorGroup, pagarían a su personal un promedio de 275 dólares mensuales contra los 70 que “un miembro de segunda clase” de la ANP recibiría.
Finalmente, la investigación finca una larga serie de responsabilidades al Departamento de Defensa (DoD) de Estados Unidos, primer responsable de las contrataciones de empresas privadas de seguridad en Afganistán.
No sólo “el DoD aparentemente contrata a empresas que no tienen la suficiente experiencia”, sino que demostró “negligencia en el control de la actuación de dichas empresas”. En el “raro caso” de identificar fallas en las operaciones de estas empresas, el DoD se ha demostrado “incapaz de corregir las serias deficiencias encontradas”.
La CAS revisó todos los contratos establecidos entre 2007 y 2009, y detectó en las auditorias realizadas por el DoD a las empresas “con deficiencias”, pero tomó “medidas correctivas” en sólo cinco casos.
Aunado a lo anterior, el Pentágono no sería capaz de controlar la cadena de subcontratistas que se derivan de los primeros contratos firmados entre el DoD y las empresas de seguridad. El resultado, denuncia el documento, es que “ningún oficial gubernamental controló las identidades y los perfiles de los guardias de seguridad subcontratados”.
Dichas guardias “utilizaron drogas, atentaron en más de una ocasión contra personas del Ministerio de Defensa de Afganistán, dejaron su lugar de guardia para buscar venganzas por pleitos locales y proporcionaron, conscientemente, información a los señores de la guerra afiliados a los talibanes”.