La polémica en torno a la aprobación de un proyecto comercial que invade el camino de sirga continúa.
Pese a la excepción aprobada por minoría simple del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaria de Planeamiento solicitaron a la Asesoría Legal del Municipio que emitiera un dictamen. Según el asesor legal, Julio Saravi Casco, no aplica el camino de sirga en la costa del lago Nahuel Huapi porque "el transporte sobre el lago es principalmente a propulsión y no por sirgas", dice el dictamen legal.
Asimismo, advierte que en este caso particular, el lote presenta un desnivel importante que "no menoscaba el eventual transporte acuático".
El año pasado los bloques de concejales del MPN y el PJ aprobaron la ordenanza que autorizaba al inmobiliario Miguel Martínez a construir un complejo de cinco cabañas y una confitería en un lote con costa de lago, en la zona de Bandurrias. El proyecto invadía retiros, especialmente el retiro de 15 metros de la costa que establece el Código Civil (las construcciones quedarían a 9 metros de la costa).
Luego el desarrollador pidió una modificación de implantación, que también fue aprobada por minoría simple. El concejal Fabián Fasce (CC-ARI) y la concejal Julieta Fernández (PRO) impulsaron una ordenanza para derogar la excepción, ya que violaba el Código Civil de manera fragante. Pero el MPN y el PJ no aprobaron la derogación.
Para asegurarse la legalidad de las actuaciones, el Ejecutivo solicitó un dictamen al asesor legal del Municipio, Julio Saravi Casco. El letrado no sólo avaló las ordenanzas y comunicaciones aprobadas por el oficialismo y el PJ, sino que afirma que el Código Civil no aplica en el lago. "Según el letrado el camino de sirga no es aplicable al Nahuel Hiuapi, pero el nuevo Código Civil incluyó lagos. Si bien es de dominio privado el Código implica restricciones de ese espacio y encima las ordenanza de Angostura tampoco permite menos de 15 metros", sostuvo Fasce.
El concejal apuntó que la idea es llevar el caso a la Justicia para anular la normativa. Pero curiosamente, no consiguió abogado local que lo represente. "Alegan conflicto de intereses porque son clientes", explicó.
En ese sentido, pidió asesoramiento a distintas fuerzas políticas nacionales y consultará abogados de otras localidades. " La gran discusión está en qué se crea precedente. Y habría que pedir una mensura para ver si invade más de 5 metros", agregó el edil de la Coalición Cívica-ARI.