A finales de septiembre pasado, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentaba en el Congreso una moción para regular la prostitución y prohibir los anuncios de contactos en los periódicos. Una propuesta que fue rechazada por los partidos mayoritarios, PP y PSOE. “Los seres humanos no pueden ser objetos de consumo”, advertía Rocío Nieto, presidenta de APRAMP (Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas). “La mujer no puede ser vista como un objeto que se exhibe en escaparates, como en el barrio rojo de Holanda. No puede ser carne fresca que se pueda comprar y vender sin más”. Para la feminista Ana Míguez, la mera existencia de la prostitución impedía alcanzar la igualdad porque permitía a los hombres encontrar a mujeres que se ofrecían “sumisas” y “esclavas dispuestas a hacer de todo”, a sus órdenes. “¿Cómo vamos a educar a los niños y a las niñas en igualdad si normalizamos el proxenetismo y la prostitución?”. Sin embargo, colectivos como Hetaira matizaban que los hombres que recurrían a la prostitución para sentir que dominaban a las mujeres eran una minoría. “La mayoría sólo quiere echar un polvo”. Por ello, rechazaban aplicar a la prostitución la expresión “violencia de género” en abstracto.
Diez meses más tarde, hace sólo tres días, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzaba un nuevo reto, asegurando que los anuncios de publicidad de la prostitución “deben eliminarse”, consiguiendo a la vez todos los apoyos del resto de partidos. La Asociación de Editores de Diarios Españoles se opuso, considerando que, si dicha actividad fuera ilícita, los periódicos nunca darían cabida a este tipo de publicidad y pidiendo que se prohibiera la prostitución, si se prohibían los anuncios. AEDE critica que, en los últimos años, los periódicos hayan sufrido “importantes limitaciones” con respecto a otros medios de comunicación.
Algunos periódicos, como “Público” o el gratuito “20Minutos”, nunca aceptaron este tipo de publicidad y no parecen abocados al fracaso económico, habiendo renunciado a un beneficio que en algunos diarios alcanza los 150.000 euros al día. “La Razón” acaba de sumarse, retirando los suyos, para cumplir la exigencia que le hizo el diario vaticano L’Osservatore Romano, con el que tiene suscrito un acuerdo de colaboración. Se trata de un negocio que mueve en España 18.000 millones de euros anuales y mantiene esclavizadas a unas 400.000 mujeres. Los anuncios de prostitución reportan a los diarios 40 millones de euros de ingresos anuales, de los que el Grupo Vocento (el católico ABC más 11 cabeceras regionales), El País y El Mundo se llevan la mayor parte.
El debate lleva fraguándose desde 2007, cuando una comisión parlamentaria mixta Congreso-Senado emitía un informe que ya abogaba por la prohibición de estos denigrantes anuncios de la prensa, aunque dejaba la puerta abierta a la autorregulación de los medios. “El tiempo ha demostrado –escribe Público– que los intereses económicos priman sobre las consideraciones éticas, y esa petición de autorregulación no ha dado ningún resultado. El Gobierno, no obstante, se mueve con pies de plomo. Lo último que desea en este momento de debilidad política es cabrear a los diarios más influyentes del Estado. Por eso el pasado jueves, el presidente se limitó a detallar las actuaciones que su Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, está llevando a cabo para erradicar ese tipo de publicidad. Y adoptará una decisión en función de lo que dicte el Consejo de Estado, donde descansa, desde hace ya dos meses, la solicitud del departamento de Bibiana Aído para saber si el Gobierno puede prohibirlos o si sólo puede convencer a los editores de que dejen de aceptar los ingresos publicitarios (pingües) que reporta la citada publicidad”.
Quizá el otoño traiga una buena noticia para la dignidad de las mujeres y otra pésima para las mafias de trata de blancas. Quizá los partidos que gobiernan el Estado se atrevan a plantar cara a los editores y cierren una puerta a los traficantes de mujeres.