Virginia Álvarez, responsable de pólítica interior de Amnistía Internacional.
A. I. exige al régimen juancarlista investigar la actuación policial.
La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia en su último informe varios ejemplos de abusos policiales en España, Grecia y Rumanía durante manifestaciones contra los recortes y la ligereza con la que sus mandos y los respectivos gobiernos están actuando cuando se trata de perseguir, investigar e identificar a los responsables de esos ataques a manifestantes. Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de AI en España, asegura que “cuando se producen estos casos de uso excesivo de la fuerza, a pesar de las denuncias, no ha hay investigaciones ni castigos porque no se hace posible identificar a los agentes. AI entiende que “la Policía es la encargada de mantener el orden público y que esta no es una tarea fácil, pero deben respetar los estándares europeos. Los gobiernos deben dejar de recurrir a la fuerza si no es estrictamente necesaria y llevar las investigaciones de los abusos policiales hasta el final”
AI se refiere a la represión contra los manifestantes del pasado 25 de septiembre, en la convocatoria para rodear el Congreso de Diputados en Madrid y las posteriores cargas policiales en la Estación de Atocha, como ejemplo de que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere atajar a toda costa y por cualquier medio toda expresión de protesta contra los recortes. “Nos preocupa que se esté intentando limitar el derecho de manifestación”, dice Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI, quien insiste en la necesidad de crear un protocolo que regule las actuaciones de los antidisturbios durante este tipo de eventos y pide que se forme a los agentes en derechos humanos. “Hemos solicitado información al Ministerio de Interior sobre los disturbios en la Plaza de Catalunya de Barcelona el 29 de marzo y el 25 de septiembre en Madrid y hemos recibido la callada por respuesta –denuncia Álvarez–. En el caso del 25-S, enviamos una carta al ministro Fernández Díaz y exigimos una investigación independiente de la actuación de la Policía el 25-S y los policías de paisano en los alrededores del Congreso, así como de los acontecimientos en la estación de Atocha, donde, además de las agresiones a viajeros y a un periodista, se puso en peligro la vida de las personas que estaban en los andenes”.
“La pregunta que me surge es que si la Policía está para protegernos, ¿quién nos protege a nosotros de la Policía?”, pregunta Paloma Aznar, periodista que lleva años documentando los heridos por impacto de las balas de goma en las actuaciones policiales. Aznar denuncia las presiones “cada vez mayores” que sufren los profesionales de la información a la hora de hacer su trabajo en estas protestas. Explica que, cuando vio a dos agentes golpear a una chica, “me acerqué con la cámara porque pensé que así pararían y al final también me pegaron a mí. Cuando quise presentar la denuncia un policía nacional me dijo que no iba a llegar a ninguna parte y así ha sido. La demanda ha sido archivada”. Aznar ha ido recopilando el número de heridos por el impacto de las balas de goma de los antidisturbios en la última década en los que se han registrado más de 50 heridos graves, 23 con perdido de un ojo y tres muertos. Amnistía publica en su informe una serie de recomendaciones para los países de la Unión Europea que se resumen en cinco puntos:
- Tomar las medidas necesarias para impedir el uso excesivo de la fuerza
- Cumplir en todo momento las obligaciones internacionales- Garantizar que se llevan a cabo investigaciones con prontitud y que se inicien procedimientos disciplinarios contra los agentes que hagan uso excesivo de la fuerza- Proporcionar reparación adecuada a las víctimas
La ONG está promoviendo también una ciberacción a través de su página web, en la que propone rellenar un formulario para enviar una carta al ministro Fernández Díaz exigiendo el fin de los abusos policiales.