Los delegados de prevención de Emaya, empresa municipal de aguas del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, denuncian que los costes de indemnizaciones por motivo de mobbingy vulneración de derechos a la integridad moral, dignidad del trabajador y acoso discriminatorio alcanzan ya los 260.000 euros.
El último caso de mobbingdenunciado en el que están implicados el vicepresidente de la Emaya y su hijo es la punta del iceberg
El último caso de acoso laboral denunciado en la Empresa Municipal d´Aigües i Clavegueran (Emaya) por una trabajadora que ocupó el cargo de directora del Centro Natura, en el que están presuntamente implicados el actual vicepresidente y conseller del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Roig, y su hijo Alejandro, es tan solo la punta del iceberg de la conflictividad detectada en esta empresa pública, dependiente del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Costes al erario público por continuas infracciones
En esta cantidad se incluyen los 50.000 euros que recibirá en concepto de indemnización por despido improcedente la exdirectora del Centre Natura, además de los 70.000 euros correspondientes a una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra otro caso de prácticas discriminatorias por parte de la empresa, varias sanciones por omisión del deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, además de indemnizaciones y despidos por vulneración de derechos fundamentales.
Cabe sumar también en el anterior apartado los 28.000 euros que costó el contrato con la empresa Audit&Control estrés, que elaboró un informe a mediados del año pasado sobre la situación de la empresa ante la avalancha de casos denunciados, varias indemnizaciones por accidentes laborales, además de las sanciones impuestas recientemente por la Inspección de Trabajo por un importe de 8.000 euros, tras la denuncia por parte de varios trabajadores del turno de noche por presunto acoso.
Auditoría externa informa del alto riesgo de acoso en el trabajo
Del informe elaborado por Audit&Control extrés, consultora externa especializada en el diagnóstico, estudio y prevención de riesgos psicosociales en el trabajo se concluye que riesgo de acoso es alto, especialmente en el área de Medio Ambiente y, en concreto, en el departamento de recogida. Se señala, por ejemplo, que el origen de los riesgos psicosociales de trato discriminatorio se pueden relacionar con "la ausencia de criterios profesionales en el servicio de recogida".
En concreto, el estudio señala que la asignación como jefe de departamento de una persona que es, a su vez, secretario general del sindicato minoritario Sitemaya "favorece a sus afiliados en la toma de decisiones y en aspectos como el posicionamiento en puestos estratégicos en la empresa".
Asimismo, se señala la existencia de diferencias significativas entre los diferentes turnos de recogida y también entre departamentos (recogida y limpieza).
Por otra parte, en relación a la política de promoción de personal el informe independiente señala que "no existen criterio claro y objetivo en cuanto a competencias y perfil profesional, independientemente a la afiliación sindical y política de los trabajadores".
Por ello, se indica que "se ha podido propiciar la promoción de trabajadores que, en principio, pueden no cumplir los criterios establecidos por Convenio o por la política de empresa". El estudio señala asimismo que tampoco "se han podido identificar claramente cuáles son los mecanismos o procedimientos para la recolocación de trabajadores", puesto que "no existen criterios definidos que permitan valorar objetivamente cuándo se facilita o no la recolocación del trabajador".
Posible trato de favor
Por lo que respecta a la asignación de rutas, servicios, brigadas o camiones en el turno de noche, el informe concluyó que "no existe rotación de zonas y servicios, por lo que puede existir un trato de favor al respecto, ya que se deja a criterio del jefe de sector dicha asignación".
Asimismo, el informe señala que no existe tampoco "una evaluación del desempeño de las funciones y tareas de los trabajadores". Lo anterior "facilita la subjetividad y la percepción de inequidad en la asignación de rutas, servicios, brigadas o camiones entre los trabajadores".
Reacciones de los grupos municipales
El grupo municipal del PSOE, Aina Calvo, exige al alcalde, Mateo Isern, que destituya de su cargo como vicepresidente de Emaya a Bernardo Roig, que en la actualidad también es conseller insular en el Consell de Mallorca en representación del Partido Popular. Asimismo, Calvo exigió, "el despido inmediato de su hijo, así como la readmisión, si procede de la trabajadora presuntamente acosada laboralmente cuyo despido ha sido declarado improcedente".
De igual forma, el grupo municipal socialista ha solicitado la comparecencia del presidente de la empresa, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Andreu Garau, para que explique en el próximo pleno los pormenores de la denuncia de acoso laboral.
Declaraciones de EMAYA
Ayer el presunto acosador manifestó a este periódico que, en realidad, el perseguido y acosado por la directora despedida era él. Negó que hubiera proferido los insultos y amenazas que describe la extrabajadora de Emaya en su escrito de demanda ante el juez y recordó que él es "un simple peón" al que la exdirectora le excluía cada día de las reuniones que hacían.
Aseguró que, como máximo, las palabras más gruesas que profirió contra la ex directora fue que le dejara en paz. También exculpó a su padre asegurando que el contenido de la reunión mantenida con la trabajadora despedida "fue muy distinto al que ella declara" y manifiesta que puede probarlo porque existe una grabación.
Por su parte, el presidente de Emaya, Andreu Garau, visiblemente molesto en la comisión informativa, comenzó su intervención afirmando que la información publicada por este periódico "fata a la verdad y confunde a los ciudadanos y a todos ustedes".
Para el presidente de Emaya, el despido se produjo del 22 de septiembre de 2011 porque esta trabajadora ocupaba un cargo de confianza como directora de un centro que la actual dirección había decidido cerrar. Afirmó que el coste para la empresa de esta trabajadora, contratada en la época de Unió Mallorquina era de 60.000 euros y se pactó un despido improcedente.
Una vez comunicada esta decisión, la trabajadora presentó una demanda reclamando la nulidad y solicitando la readmisión. Es en este momento, cuando presenta el escrito de demanda que la trabajadora describe el acoso laboral al que ha sido objeto por parte de Alejandro Roig, por una parte, y por el actual vicepresidente de la empresa, Bernardo Roig, la empresa decide que se dirima en los tribunales, con el objeto de que haya "luz y taquígrafos". Garau indicó que, en su día, el asunto ya se investigó.
Aseguró que en el momento del despido "nadie sabía si la trabajadora estaba embarazada a no" y afirmó que, a su entender, el fondo del asunto consiste en "un problema de cantidad", en relación a la indemnización reclamada. Por su parte, insistió en que "el presunto acosador es un peón que estaba a las ordenes" de la empleada despedida y Bernardo Roig no ocupaba ningún cargo en la dirección de la empresa en la anterior legislatura. Como consecuencia del acuerdo alcanzado el miércoles en el juzgado de lo social, se pasó de una indemnización inicialmente acordada de 33 días por año trabajado a otra de 45 días, que es la máxima permitida por la legislación vigente. Fuente: Diario de Palma ¿Qué pregunta o dudas te ha sugerido este artículo? Envíanos tu comentario o consulta, estamos a tu disposición.Pulsa