Las sendas denuncias contra su la Iglesia Católica de Irlanda por su supuesta acción de encubrimiento, ponen en duda la claridad que tienen algunas autoridades eclesiásticas en cuanto a la separación entre Iglesia y Estado.
La Iglesia Católica vive uno de los momentos más álgidos de los últimos tiempos. En diversos lugares del mundo surgen acusaciones de supuesto ocultamiento de información en casos de abuso contra menores, que apuntan directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de decidir las expulsiones y canonizaciones, y que fue dirigida por Benedicto XVI entre 1981 y 2005.
En Irlanda, la Comisión Investigadora de los Abusos de Niños, iniciada en 2000 luego de una serie de denuncias, “tras nueve años de indagaciones y más de 2.000 testimonios, una investigación ha concluido que la cúpula de la Iglesia católica irlandesa conocía el abuso "endémico" al que eran sometidos los 35.000 niños que entre los años 50 y los 80 se acogieron a sus instituciones”. Los informes indican alrededor de 230 víctimas entre 1974 y 2004. Sólo en 1995 la arquidiócesis de Dublín denunció a la policía los primeros casos.
Según el informe, los abusos no se denunciaban normalmente, pues las autoridades eclesiásticas irlandesas, ante las denuncias, sólo trasladaban a los agresores, muchos de los cuales volvían a delinquir. Lo mismo sucedió con dos causas en el sur de Chile y también en México, Estados Unidos y España con un par de Legionarios de Cristo, entre ellos Marcial Maciel. En vez de mandarlos a tribunales, los mandan de retiro espiritual.
Lo peor es que en una ocasión en la que responsables del Ministerio de Educación recibieron una denuncia, éstos acordaron con los religiosos mantener silencio. Es decir, dos instituciones, el Estado y la Iglesia ocultaron información.
No por menos, el actual cardenal, Sean Brady pidió perdón por haber ocultado información en un caso de abuso y considerar que no era su responsabilidad denunciar. El actual líder de la Iglesia Católica irlandesa, participó en dos reuniones en 1975 en las que dos niños de 10 y 14 años, presuntas víctimas de abusos sexuales, habrían firmado promesas de silencio, donde juraban no contar los abusos a manos del sacerdote Brendan Smyth.
Aquí se aprecia la poca claridad de las autoridades religiosas en cuanto a la separación entre Iglesia y Estado. Pretenden resolver asuntos de corte penal mediante sus procedimientos internos.
El problema va más allá de la responsabilidad individual -y penal- de algunos sacerdotes. Radica en que ya no se trata de la acción individual, sino que una acción institucionalizada, sobre todo en el caso irlandés, donde la entidad claramente ha actuado de manera cuestionable. Lo mismo se puede decir del Vaticano, que tampoco ha adoptado una actitud proactiva sino más bien evasiva.
Amparada en el secreto pontificio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha mantenido bajo secreto todos los casos de acusaciones de abuso contra clérigos. En 2001 en una carta dirigida a todos los obispos, sobre "graves delitos", Benedicto XVI “volvió a ligar los casos de abuso al secreto papal cuya vulneración se pena con el castigo eclesiástico”.
Y es que nadie pide que las autoridades eclesiásticas inicien una casa de brujas, ni que actúen como la justicia ordinaria –porque no les corresponde- sino que no impidan que sus miembros se sometan a ésta última cuando así se requiere. Guardar silencio ante denuncias, hacer acuerdos de silencio con niños, y tratar de resolver el problema enviando de retiro espiritual a los denunciados no corresponde. Eso tiene un nombre, obstrucción a la justicia.
El punto es bien claro. Ninguna institución, sea del tipo que sea, tiene inmunidad jurídica en cuanto a sus miembros, y menos la facultad de pasar a llevar la legalidad y la “justicia”. Los sacerdotes son antes que eso, ciudadanos y sujetos de derecho, no tienen inmunidad legal bajo ningún punto de vista.
A dios lo que es de dios, al césar lo que es del césar.