Muchos ciudadanos estamos asistiendo atónitos al rosario de incumplimientos electorales de nuestro Gobierno central: subida del IRPF, subida del IVA prevista en 2013, amnistía fiscal, abaratamiento del despido, copago sanitario, aumento de tasas universitarias, restricción de la asistencia sanitaria a amplios sectores de población, control de los medios de comunicación públicos... Uno puede imaginar que a lo largo de una legislatura se pueden dar acontecimientos que no estaban previsto y sea necesario adoptar medidas tampoco previstas, lo que no es posible es que antes de que haya trascurrido el primer semestre en el poder se haya dado totalmente la vuelta a la tortilla.
Todos sabemos que los sistemas democráticos no son la panacea, en un sistema representativo como el nuestro uno deposita su voto cada cuatro años, te venden la moto, y después si te he visto no me acuerdo, teóricamente la finalidad de toda democracia es que los ciudadanos puedan participar en la formación de la voluntad colectiva, la idea es que la ciudadanía detente el poder y lo ejerza a través de sus representantes. Éstos deben someterse a la Constitución, aprobada por la voluntad popular, que establece las reglas del juego y los mecanismos de control para el caso de que nuestros representantes la incumplan, es una garantía mínima contra los excesos del poder, con la Constitución se cierra el círculo. ¿Pero qué ocurre cuando uno ha accedido al poder prometiendo a los ciudadanos la adopción, o no, de determinadas medidas económicas, sociales, jurídicas, culturales... todas ellas constitucionales y sus promesas no se cumplen? ¿No está rompiendo la baraja? ¿No podríamos decir que estamos ante un incumplimiento contractual? ¿No sería una causa de nulidad del mandato concedido por los ciudadanos? ¿Qué médidas tienen previstas los sistemas democráticos cuando esto ocurre? ¿Hay que esperar cuatro años para revocar el mandato? Lamentablemente no tenemos nada previsto en casos de incumplimiento de las promesas electorales, sólo cabe la censura a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y la movilización callejera, métodos loables pero alejados también, en puridad, de la democracia puesto que aunque es significativo que millones de ciudadanos se movilicen, también lo es que otros tantos dejen de hacerlo. Deberíamos exigir una mayor participación ciudadana en las decisiones de nuestros políticos, no porque ello nos lleve a decisiones mejores o más justas, la democracia no conduce necesariamene a la adopción de las decisiones más justas, sino porque la democracia es el mejor fundamento conocido de toda convivencia que pretende ser pacífica y estar sustentada en la libertad y la igualdad. El actual avance tecnológico lo permite, podrían establecerse procedimeintos de ratificación de la voluntad popular cada 12, 18 ó 24 meses (sería parecido a lo que los anglosajones denominan "recall" o revocación del mandato). Mientras esto no ocurra los ciudadanos seguiremos comprobando como nuestros representantes se desvinculan impunemente de sus programas electorales y las campañas electorales se convertirán, si no lo son ya, en procesos vacíos de contenido y basados en una publicidad engañosa e irresponsable. Pero todo esto no haría falta si en nuestra clase política imperara la ética, la honestidad y el sentido común.
La banda sonora de esta entrada bien pudiera estar en la entrada anterior perteneciente a la serie "Arias Favoritas" - "L'alma mia fra le tempeste", de Agrippina de Haendel.