Por: Prensa YVKE- Aporrea.org | Viernes, 27/02/2015 06:13 AM
El Sacudón fue una clarinada para los oprimidos del mundo
Caracas, febrero 27 – Hace veintiseis años se gestó el inicio de una lucha incesante, el pueblo venezolano, los hijos de
Bolívar, padecían las consecuencias de una crisis política acentuada desde comienzos de los años ochenta. El engaño, la represión sistematizada, la corrupción administrativa, la complicidad del bipartidismo político representado por
Acción Democrática (AD) y
COPEI elevaron a níveles incalculables la desigualdad social entre la burguesía y la clase trabajadora.
Esta situación reflejó su más cruda expresión durante la insurrección popular del 27 de Febrero de 1989, día en que la clase obrera se manifestó en contra de las medidas económicas neoliberales del expresidente
Carlos Andrés Pérez. El
Caracazo, conocido popularmente, fue un hecho social que puso en perspectiva la base constituyente del
Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200) que sería liderado en una insurrección cívico-militar tres años después (1992) por el Comandante
Hugo Chávez Frías.
Esa rebelión popular la calificó años más tarde el Comandante
Chávez como “la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana” y, en consecuencia, surgió el recuerdo mediático de aquellas víctimas que lucharon contra el sistema neoliberal de
Pérez expuesto en el denominado “paquetazo” aquel 27 de Febrero de 1989. Este hecho sigue presente en la memoria colectiva del proletariado, porqué, atrás dejó una estela de muerte y desolación.
El paquete abarcaba aspectos de orden cambiario, financiero y fiscal; así como el sometimiento a las condiciones impuestas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que prestaría alrededor de 4.500 millones de dólares en tres años, bajo la condición de liberar las tasas de interés financiero en el sistema hasta 30%.
El intelectual
Luis Britto García explicó en febrero de 2012, por medio de un análisis sobre el
Caracazo que durante la administración de
Carlos Andrés Pérez los bancos dejaron de lado su función de “intermediador” con el Estado, para dedicarse a la adquisición de subsidios especulativos, así como jugar en mesas de dinero. Esta situación arrinconó al Poder Popular al momento de solicitar créditos bancarios.
Este panorama económico ocasionó que los niveles de inflación superaran el 80% en 1989 según datos del
Banco Central de Venezuela (BCV) y disminuyera la capacidad adquisitiva de la población. El organismo financiero aseguró en aquel momento que cayó abruptamente el índice de consumo para la clase obrera y, dejó como consecuencia, el quiebre de comercios por ventas mínimas.
Ese lunes 27 de febrero, el
Ejecutivo Nacional incrementó el costo del pasaje, provocando la indignación y la rabia en millones de personas que sintieron el efecto de las medidas implementadas por el gabinete económico, al mando del economista
Miguel Rodríguez, recordado como
Miguel “paquetico” Rodríguez. Los conductores de la ruta
Caracas-Guarenas aplicaron el alza del costo del pasaje, establecido en ese momento en 6 bolívares. Este se triplicó, ubicándose en 18 bolívares.
Semanas atrás, el 16 de febrero,
Carlos Andrés Pérez había anunciado el contenido del “paquetazo”, que incluía el incremento de los precios de bienes y servicios, entre ellos la gasolina. Estas medidas, dictadas por el
FMI y el
Banco Mundial (BM), potenciaron fenómenos como la escasez y el acaparamiento de alimentos, así como la amenaza de privatizar las principales empresas fuentes de empleo e ingresos para el país.
Sobre el estallido social, bautizado como
El Caracazo, -aún cuando la “chispa” se encendió en
Guarenas- la teoría del sociólogo francés
Raymond Boudon, corrobora las acciones violentas contra el sistema político imperante protagonizadas por la población menos favorecida, el 27-F. Sostiene el estudioso “que la gente no se mueve tanto bajo la presión de los sufrimientos presentes, como en función de la pérdida de las expectativas futuras. Es capaz de hacer sacrificio, de aguantar los ajustes, siempre que perciba una luz al final del túnel”.
En ese contexto, el
27F, hace 26 años, los venezolanos sintieron la angustia y desesperanza de cara al futuro ante la aplicación de la receta fondomonetarista impuesta por
Pérez, lo que se traducía básicamente en el incremento de los costos de los productos de la cesta básica, el aumento del desempleo, los bajos salarios y las condiciones paupérrimas de vida de la gran mayoría nacional. A esto se le suma la corrupción galopante presente en las altas esferas del gobierno.
Asimismo en los ensayos y artículos reunidos en
El Caracazo, publicado en 2014, en la colección “4F. La Revolución de febrero”, el periodista
Federico Álvarez resume como detonante de la rebelión cívica, la pobreza crítica que superaba para el año 1989, a su juicio, un 30% con niveles de marginalidad situado en más del 50%, “es decir, las dos terceras partes de la población percibía ingresos económicos que bordeaban la frontera de la subsistencia”.
Igualmente refieren en la colección 4F que la modalidad y procedimiento del
Caracazo, el 27 y 28 y días subsiguientes, fue distinta a otras experiencias suscitadas en
Venezuela, sin embargo, acotan que la protesta fue contra los explotadores y opresores de diverso signo. El abasto, la carnicería y la camioneta de pasajeros -parte de la vida cotidiana de la gente- se convirtió en el blanco de la ira de un pueblo acosado por múltiples problemas económicos, derivados de la aplicación de pautas dictadas por organismos foráneos (FMI y BM).
Es así como la acción de los manifestantes se canalizó hacia negocios de expendio de alimentos, producto de ello, algunos fueron objeto de saqueos. El 27 y 28 de Febrero, se produjeron largas colas para adquirir alimentos, además, del temor y el miedo ante la presencia de vehículos militares en las calles de
Caracas. El sonido de los disparos alertaba a los venezolanos, sobre todo, de los barrios sobre la violencia encarnada en la Fuerza Armada Nacional (Fan), cuerpo que recibió órdenes del gobierno (CAP), de asesinar, amparados en el toque de queda impuesto con el objetivo de “restituir el orden”.
El Caracazo, se replicó en los estados
Vargas, Mérida y otras ciudades del país, Las manifestaciones fueron controladas en una semana mediante una sangrienta represión desatada contra el pueblo en tiempos de democracia representativa. Cifras oficiales indican que las pérdidas humanas tras los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron de 300 fallecidos, pero los reportes extraoficiales señalan que hubo cerca de mil muertos.
El Estado para reivindicar a las víctimas del
Caracazo ha indemnizado a las familiares. Un primer procedimiento se realizó en 1999, cuando el presidente
Hugo Chávez, reconoció los hechos como delitos de lesa humanidad los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En es primera fase se indemnizó a 182 personas.
El 27 de febrero de 2014, la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, en el marco de los actos conmemorativos del Caracazo, anunció que el Ministerio Público mantiene abiertos (hasta esa fecha) 336 expedientes de investigaciones sobre desaparecidos y fallecidos durante la rebelión.
“Estos expedientes contienen casos por uno o más fallecidos, es decir que 336 investigaciones corresponden a 336 sucesos”, precisó la fiscal desde el Monumento a
El Caracazo, erigido por la
Alcaldía de Caracas en la entrada del
Cementerio General del Sur, en honor a los caídos.