Con el cambio de siglo, regresó al debate sobre la Guerra Civil un argumento que parecía arrumbado tras el final del franquismo: la responsabilidad directa de la República en el inicio de la guerra; dicho de otro modo, la idea de que los sublevados reaccionaban de manera legítima contra las continuas agresiones de la izquierda. Como es de suponer, los revisionistas -animados por el surgimiento de una nueva derecha que, superado el trauma de la entrada en democracia, se enorgullece otra vez de su identidad- traen esta afirmación como arma contra la tradición republicana. Sin embargo, este desafío puede suponer también un provecho para la historiografía progresista, que, forzada a dar una respuesta, debe indagar de manera más minuciosa en su interpretación y ofrecer nuevos respaldos a un periodo central de la modernización (fallida) de España.
Por desgracia, no todos los historiadores parecen ejercer esa responsabilidad con el cuidado necesario. Al menos, esa impresión voy obteniendo de la última obra de Paul Preston, El holocausto español, cuyo título algo oportunista puede distraer respecto a un planteamiento inicial -la oposición entre una violencia institucionalizada (sublevados) y otra espontánea (republicanos)- que resulta, desde luego, pertinente. Pese a todo, basta leer el primer capítulo -donde me encuentro ahora: "Los comienzos de la guerra social (1931-1933)"- para observar torpezas de Preston que no refuerzan, sino que perjudican su proyecto.
En primer lugar, hay un grave problema en la coloración del texto: Preston carga de adjetivos (sus preferidos: "salvaje" y "brutal") las escenas donde describe represalias institucionales, abusos tradicionalistas y declaraciones de los partidos católicos, mientras que opta por el descriptivismo e, incluso, por la compasión cuando detalla los excesos obreros y campesinos. Sabemos que las razones de unos y de otros son muy diversas -¿puede juzgarse del mismo modo a un terrateniente que diezma a sus braceros para amedrentarlos y a esos mismos braceros cuando atacan al propietario para liberarse?-, pero se comete un error histórico y narrativo cuando se pretende orientar al lector hacia esa conclusión mediante una escritura tendenciosa: son los hechos y los datos los que pueden convencernos firmemente.
El segundo fallo, más grave, es la gestión de citas y referencias. Se trata de un detalle que pasa inadvertido con frecuencia, pero el investigador habituado al trabajo universitario reconoce con rapidez si un texto recurre con precisión a sus citas o si, más bien, las atropa para ocultar un esfuerzo deficiente de trabajo. En el caso de Preston, hay un fallo recurrente, al menos hasta donde he podido leer: agrupa demasiadas referencias en una sola nota, de forma que resulta difícil comprobar con qué cita o dato se corresponde cada fuente mencionada; obviamente, esto favorece la lectura -reduciendo el número de llamadas en el texto-, pero provoca una sensación neblinosa, de duda reiterada. Estos descuidos, pese a todo, se agravan cuando se cotejan algunas referencias y se encuentran imprecisiones -menores, pero significativas- en las citas:
- Mitin de Acción Popular en Palencia (8 de noviembre de 1931; págs. 48-49). Con acierto, Preston señala los diversos discursos de esta concentración como ejemplo de una marcada obsesión en la derecha tradicionalista: la necesidad de una cruzada frente al supuesto anticlericalismo de la República, asociada con la masonería (conviene consultar la transcripción completa de ABC el 10 de noviembre: Gil Robles llega a afirmar que las medidas de laicidad se deben "a un compromiso contraído en las logias masónicas"). Sin embargo, la larga cita de Joaquín Beunza que ofrece Preston no sólo difiere de la transcripción oficial en algunos detalles menores, sino que incluye una importante frase en torno a la masonería que no aparece en ABC. ¿De dónde la toma Preston? ¿De otra fuente, es decir, de otra transcripción del mitin? ¿Procede de otra fecha y Preston las solapa por alguna razón? ¿O es que el añadido pretende explicar lo anterior? Por supuesto, la frase constatada de Beunza -"Es preciso estar dispuestos a defenderse, no digo por medios legales, porque a la hora de la defensa todos son buenos"- bastaría para comprobar en qué términos se plantea el conflicto. La falta de claridad en el resto de la cita sólo oscurece una declaración tan precisa.
- Sucesos de Castilblanco (31 de diciembre de 1931; págs. 53-54). Sorprende que Preston pase con tanta rapidez sobre este episodio, que ofreció a la derecha un material excelente para sus acusaciones, pero que también proporcionó al gobierno republicano una ocasión para distanciarse de la violencia popular: el alcalde de Castilblanco ordena a la Guardia Civil que disperse una manifestación; en la tensión del proceso, un manifestante muere de un disparo y la muchedumbre reacciona matando a los cuatro guardias civiles. Aunque los matices del suceso que no detalla Preston son importantes -el alcalde del pueblo era un antiguo guarda jurado al servicio de los terratenientes y, por tanto, alguien detestado por los campesinos; las versiones no aclaran (hasta donde he podido consultar) si la muerte del manifestante fue intencionada o accidental-, convendría señalar un detalle importante de su descripción: "Aterrados y enfurecidos por el suceso, los huelguistas se enfrentaron a los cuatro guardias y los mataron a palos" (cursiva mía). Sin embargo, el editorial de ABC indica que los guardias fueron "acribillados", ya que contra ellos "se han hecho más de doscientos disparos". ¿Se trata de un error, de un olvido, de una corrección? Si Preston está desmintiendo esa información, ¿no debería incluir la indicación pertinente? ¿Pretende suavizar la narración, enfatizar la desposesión popular?
No convendría juzgar una obra de 800 páginas por imprecisiones o desvíos que aparecen, como ya digo, en un capítulo que no supone siquiera el 10% del libro. Sin embargo, resulta inquietante que un historiador con la trayectoria institucional y la resonancia pública de Paul Preston demuestre tratamientos tan descuidados y superficiales de un texto al que bastará su tema y su firma para suscitar miles de compras, lecturas, peticiones de biblioteca y consultas estudiantiles. La divulgación, descendida a imprecisión, no sólo confundirá a los interesados, sino que le proporciona nuevo material a esos revisionistas que, desde hace tiempo, quieren despojar de su legitimidad a la memoria republicana y a sus cronistas.