¿El delito? Informar. En Venezuela, informar puede ser motivo para perderlo todo.
Óscar Murillo, jefe de redacción del diario regional Correo del Caroní, alertó que el resultado de la demanda penal contra David Natera Febres, director del periódico, podría conllevar a una demanda civil y abriría la posibilidad de que se le exija una alta suma de dinero al medio lo que terminaría inevitablemente en un embargo.
El juicio que sostiene Correo del Caroní, retomado luego de más de dos años, se debe a la demanda penal que interpuso el empresario Yamal Mustafá contra el director del diario regional, David Natera Febres, la cual conllevaría a otra demanda, que sería civil, y abriría la posibilidad de que a Editorial Roderick ( registro mercantil del medio de comunicación) se le exija una alta suma de dinero, explica El Nacional.
Yamal Mustafá, propietario del diario Primicia y de Corpobrica, fue detenido en 2013 por su presunta vinculación con hechos de corrupción en la Ferrominera Orinoco. Estuvo preso por más de dos años y ahora goza de libertad plena después del sobreseimiento de su pena, decisión que fue tomada en el Tribunal Noveno de Control de Caracas.
Debido a que a el Correo del Caroní informó acerca del caso, Mustafá decidió demandar a su director por difamación e injuria. El Tribunal Penal Sexto de Juicio de Bolívar admitió la solicitud y ordenó al diario regional dejar de publicar sobre los hechos de corrupción. No obstante, el periódico no dejó de dar a conocer las averiguaciones del caso.
¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
“Aquí han habido situaciones agravantes hacia el periodismo”, expresó Murillo, tras explicar que el diario no podía dejar de informar sobre los crímenes porque la Ferrominera Orinoco es fundamental para la dinámica económica nacional: “Sin ella no hay consorcio siderúrgico. Mal pudiéramos nosotros callar un caso de interés público”.
Murillo señaló que en el juicio se busca demostrar que Correo del Caroní se ensañó contra Mustafá. .
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