Joaquín Almunia exigió al Gobierno español que presentase la suspensión de pagos del Banco de Valencia como condición previa para que la Comisión Europea aprobase los planes de recapitalización de las cajas de ahorros nacionalizadas. Las presiones del responsable comunitario de la Competencia no tuvieron un efecto directo, pero aceleraron a toda prisa la venta de la entidad segregada de Bankia, que finalmente ha pasado a integrarse en la órbita del llamado 'gran hermano' de La Caixa. La antigua filial de Bancaja ha sido durante este tiempo fuerte objeto de controversia en las negociaciones que el Ministerio de Economía ha venido manteniendo con el Gobierno de Bruselas sobre la reforma del mercado bancario en España. El Banco de Valencia era el candidato natural al que se refirió el propio comisario europeo cuando afirmó hace unos meses que España estaba abocada a liquidar alguna de las marcas nacionalizadas y, especialmente, aquellas que no tienen un carácter sistémico dentro del sector. Las declaraciones del comisario europeo subieron el tono de las tensiones que venían acumulándose meses atrás ente el dirigente socialista y el Partido Popular. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, salió rápidamente al quite asegurando que el Gobierno no estaba dispuesto a cerrar ningún banco en nuestro país, lo que intensificó el toma y daca con Almunia que, realmente, ha seguido latente hasta esta misma semana. La Unión Europea ha desbloqueado finalmente el grueso de la asistencia financiera solicitada el pasado mes de junio, pero las entidades beneficiarias van a tener que asumir un recorte de su actividad del 60% que obligará a un importante ajuste de capacidad, balances y plantillas, en todo el sector. La reconversión no ha hecho más que empezar y dentro de quince días se trasladará también al ámbito de actuación delos bancos del llamado grupo 2, que van a necesitar ayudas conjuntas del orden de 2.500 millones de euros. BMN, Liberbank, Ceiss y Caja 3 están comprobando estos días cómo se las gasta Bruselas cuando se trata de hacer valer la autoridad comunitaria sobre todo lo que ocurre al sur de los Pirineos. Fuente: El Confidencial
Joaquín Almunia exigió al Gobierno español que presentase la suspensión de pagos del Banco de Valencia como condición previa para que la Comisión Europea aprobase los planes de recapitalización de las cajas de ahorros nacionalizadas. Las presiones del responsable comunitario de la Competencia no tuvieron un efecto directo, pero aceleraron a toda prisa la venta de la entidad segregada de Bankia, que finalmente ha pasado a integrarse en la órbita del llamado 'gran hermano' de La Caixa. La antigua filial de Bancaja ha sido durante este tiempo fuerte objeto de controversia en las negociaciones que el Ministerio de Economía ha venido manteniendo con el Gobierno de Bruselas sobre la reforma del mercado bancario en España. El Banco de Valencia era el candidato natural al que se refirió el propio comisario europeo cuando afirmó hace unos meses que España estaba abocada a liquidar alguna de las marcas nacionalizadas y, especialmente, aquellas que no tienen un carácter sistémico dentro del sector. Las declaraciones del comisario europeo subieron el tono de las tensiones que venían acumulándose meses atrás ente el dirigente socialista y el Partido Popular. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, salió rápidamente al quite asegurando que el Gobierno no estaba dispuesto a cerrar ningún banco en nuestro país, lo que intensificó el toma y daca con Almunia que, realmente, ha seguido latente hasta esta misma semana. La Unión Europea ha desbloqueado finalmente el grueso de la asistencia financiera solicitada el pasado mes de junio, pero las entidades beneficiarias van a tener que asumir un recorte de su actividad del 60% que obligará a un importante ajuste de capacidad, balances y plantillas, en todo el sector. La reconversión no ha hecho más que empezar y dentro de quince días se trasladará también al ámbito de actuación delos bancos del llamado grupo 2, que van a necesitar ayudas conjuntas del orden de 2.500 millones de euros. BMN, Liberbank, Ceiss y Caja 3 están comprobando estos días cómo se las gasta Bruselas cuando se trata de hacer valer la autoridad comunitaria sobre todo lo que ocurre al sur de los Pirineos. Fuente: El Confidencial