Acepten o no a la petición del Gobierno, astilleros, sindicatos y presidentes autonómicos del norte de España de no devolver las ayudas a la construcción de barcos, la Comisión Europea (CE) y su responsable de la Competencia, Joaquín Almunia, no serán culpables de que dejen de construirse barcos en España.
Los culpables serían las leyes del comercio internacional vigentes, que favorecen el “dumping” de los astilleros asiáticos.
Pero son más culpables aún los países occidentales que deben mantener condiciones laborales dignas, pero que no cambian las leyes comerciales para evitar la competencia desleal de países como China, con cuyos astilleros semiesclavistas ni España ni Europa pueden competir.
Observemos las industrias que han caído una a una en los últimos años: han desaparecido hasta las costureras que trabajaban para pequeños talleres textiles, porque media hora de su trabajo sin contar el tejido es más cara que una pieza terminada de Bangladesh.
Toda industria que no posea la más alta tecnología robótica, como la de los automóviles, y que exijamucha mano de obra, aunque sea especializada, será copada por Asia si no recibe estímulos compensatorios.
Como esos “tax lease”, que proporcionaron 2.000 millones de euros entre 2005 y 2011 de ayudas estatales a intermediarios y armadores para que encargaran barcos a los astilleros españoles.
Si Bruselas no cambia su doctrina, deberían devolverse los “tax lease” por la denuncia de unos astilleros holandeses que, olvidando que también son europeos y perjudicados por el mismo “dumping” asiático, terminarán cerrando igualmente.
No, no es Almunia el culpable, ni la Comisión, sino la cobardía de los gobiernos de los países con legislaciones laborales dignas, especialmente los de la UE y EE.UU., que no se han atrevido a crear unas nuevas leyes para el comercio internacional justo.
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SALAS