Podemos y el PSOE llevan semanas a la greña a cuenta del precio de los alquileres, a la altura ya del cielo aquel que Iglesias quería tocar con la mano en sus mejores tiempos. Los socios no se ponen de acuerdo sobre qué hacer para evitar que sigan subiendo e impidiendo a muchas personas el acceso a un derecho fundamental. Sobre la mesa hay dos propuestas que no casan, la de los morados abogando por una solución simplista para un problema complejo, y la de los socialistas, en apariencia más realista y menos intervencionista del mercado, con las posibles distorsiones que eso generaría.
Vayamos por partes. El precio de los alquileres subió de media en España más del 4% en 2019. Entre otras razones, por el endurecimiento de las hipotecas para la compra - el gran sueño de todo español que se precie - y la insuficiente oferta pública de viviendas en alquiler. Ese aumento ha sido más elevado en lo que han dado en llamar "zonas tensionadas" de las grandes ciudades, en donde encontrar un alquiler que no suponga dejarse la práctica totalidad de los ingresos, e incluso más de lo que se ingresa, es tarea casi imposible, máxime a raíz del boom del turismo vacacional.
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Limitación de precios frente a bonificaciones fiscales
Ante esta realidad, Podemos pretende simple y llanamente que se limiten los precios y que se obligue a los llamados "grandes tenedores" a destinar al menos el 30% de sus pisos a alquileres sociales. Los precios por encima del que se establezca como de referencia - quién lo establecería y con qué criterios no se sabe - deben bajar para ajustarse a él y los que estén por debajo congelarse: y asunto resuelto, sin más miramientos a la legalidad ni zarandajas. Como decía, el manual del buen populista siempre encuentra soluciones mágicas para cualquier problema por complejo que este sea, y el de la vivienda lo es en grado sumo. Los socialistas, en cambio, son de momento poco partidarios de esa fórmula y optan por las bonificaciones fiscales a los propietarios, moduladas de acuerdo con una amplia casuística, y por acuerdos público-privados para incrementar la oferta de viviendas en alquiler en el mercado.
Pero las negociaciones no avanzan y Pablo Iglesias está a punto de irse del Consejo de Ministros y se ha ido ya del Congreso -¡loado sea el Señor!- sin haber conseguido que su socio y sin embargo rival dé su brazo a torcer. De momento, ni siquiera han definido con claridad a qué se refieren con lo de "zonas tensionadas" ni qué se entiende por un "gran tenedor" de viviendas. Tampoco se ha avanzado en definir lo que se considera una vivienda vacía ni qué hacer con ella, aunque el PSOE quiere que los ayuntamientos castiguen a sus dueños con una penalización del IBI si no la ponen en alquiler. Y claro, cuando no hay acuerdo en conceptos básicos difícil es que lo pueda haber en todo lo demás. Lo cierto es que, mientras le dan vueltas y se tiran los trastos, los grandes fondos inmobiliarios y los propietarios se empiezan a poner a cubierto y a retirar viviendas en alquiler para pasarlas al mercado de compra - venta, lo que puede terminar elevando más los precios del arrendamiento.
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¿Qué ha pasado allí en donde se han limitado los alquileres?
El gran debate de fondo es si las medidas de intervención en el mercado sirven al objetivo principal: el acceso a la vivienda. Es aquí en donde pintan bastos, porque las experiencias apuntan más bien en la dirección contraria: allí en donde se han limitado los precios se ha contenido la subida a corto plazo pero a medio y largo los resultados han sido los contrarios de los deseados. Dejando a un lado las pegas legales de esa medida, ¿qué ha pasado en San Francisco, París, Berlín o Estocolmo, ciudades que los de Podemos ponen como ejemplos de lo que habría que hacer en España? Varias cosas: disminución de la oferta de viviendas en alquiler que se han ido al mercado de compra - venta o han dejado de estar disponibles, más dificultades de acceso, desvío de viviendas al mercado negro, menos inversión en mantenimiento por parte de los propietarios y, en definitiva, obstaculización del alquiler para una mayoría a cambio de intentar facilitárselo a una minoría.
Hasta el Banco de España ha entrado al trapo y ha advertido de que el problema habría que atacarlo desde el lado de la oferta, incrementándola de manera que responda a una demanda creciente. Cabe recordar que en España el parque público de vivienda suma solo el 2,5% del total, uno de los más bajos de la UE, y que el número de personas que vive en nuestro país de alquiler es del 24%, la mitad de Alemania. Pero claro, incrementar las viviendas públicas, entre ellas las de alquiler, requiere un importante esfuerzo económico, amén de modificaciones legales que agilicen la inversión y eviten que la edad de emancipación de los jóvenes españoles se siga acercando peligrosamente a la de su jubilación. Dicho sea exagerando un poco para subrayar la gravedad del problema.
(EFE)
Ese debería ser el gran objetivo en estos momentos, más que aplicar medidas de marcado sesgo ideológico que, con suerte, solo servirán para enmascarar las estadísticas uno o dos años mientras el mal de fondo sigue sin solución. En esa línea precisamente acaba de pronunciarse el ministro Ábalos, prometiendo 44.000 viviendas de alquiler social con fondos europeos y otras 56.000 procedentes de la colaboración con el sector privado.
Eso sí, Ábalos no ha sido muy preciso ni sobre la cuantía para ese objetivo ni sobre los plazos para su ejecución ni sobre el papel de comunidades y ayuntamientos, con competencias en esta materia. Pero sobre todo, seguro que no es casualidad que el anuncio se produzca cuando más enquistada está la negociación con Podemos, lo que sugiere que el inefable ministro ha vuelto a hacer una de las cosas que mejor se le dan: huir hacia adelante esperando que escampe el nublado y, luego, ya veremos.