Desde el 9 de abril del presente, un sector importante de la población amazónica, encabezada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), venía impulsando un conjunto de medidas de fuerza con el objetivo fundamental de alcanzar la derogación del Decreto Legislativo 1090 (La ley forestal de fauna silvestre). El argumento opositor de la población, consistía en considerar a esta norma como perniciosa a sus intereses vitales.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo, impulsor de esta norma, defendía, y aún lo hace a través de su publicidad, argumentando que la norma promovía la inversión privada para la explotación de recursos naturales, cuyos dividendos beneficiarían al país.
Frente a esta oposición de intereses, el Gobierno fracasó en encontrar una salida a este problema. El Primer Ministro Yehude Simon se mostró incapaz, mediante el “diálogo”, de convencer a los dirigentes de lo beneficioso que era la norma. Mientras tanto, algunas instancias oficiales, ya se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo, como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Constitución del Congreso de la República.
Ya, para el miércoles 3 de junio, el Presidente de la Cámara de Comercio de San Martín, John Arévalo, anunciaba que la empresa brasileña Odebrecht había paralizado sus obras en la zona. También se sabía en Lima que el Procurador del Ministerio del Interior había presentado una denuncia contra los dirigentes de la Aidesep, en tanto que el Presidente de la República Alan García, anunciaba: “Esto de tomar el gasoducto amenazando a todos los peruanos con dejarlos sin luz ya es demasiado y, por más respeto que tengamos al diálogo y a la persona humana, tenemos que aplicar las leyes”. [i]
Luego, el jueves 4 la empresa Pluspetrol Norte anunciaba que la producción de petróleo del lote 1AB se había paralizado totalmente, debido a la imposibilidad de transportar petróleo por el Oleoducto Norperuano.[ii] En Lima, el Congreso de la República, presidida por el partido de gobierno, había postergado el debate de revisión del Decreto Legislativo. Entretanto, Pizango, principal dirigente de la Aidesep, declaraba que el gobierno está enviando policías a la zona. El primer Ministro Simon acusaba, para entonces, a Pizango de mantener “con una chaveta en el cuello al gobierno”.
A las 5 a. m. de viernes 5, la policía inicia el desalojo. La espiral de violencia de desata. Mueren policías y mueren civiles de nuestra Selva. El Presidente García dice: “Ya llegó el momento de abrir las carreteras, de abrir los ríos, y asumir las responsabilidades. Para eso se ha nombrado a los ministros, no para lavarse las manos”. El resultado, alrededor de tres decenas de muertos y más de un ciento de heridos.
Ahora, el gobierno sostiene que el culpable de todo esto es Alberto Pizango, que es culpa de los extremistas, que esto es parte de un complot de los que no quieren que el Perú avance. Pero, su propia campaña publicitaria los delata. Como se diría, el pez por la boca muere. A decir del gobierno, estas poblaciones no quieren que el “Perú” se beneficie de su petróleo y de su gas. ¿Desde de cuando la explotación de los recursos naturales ha beneficiado a la mayoría de la población? Está claro que esto no es un "adahuaylazo" como pretendió llamarlo García. Es más que eso.
El Decreto Legislativo 1090 es parte de la extensión práctica de la mayor profundización del capital transnacional, práctica inaugurada en nuestro país en la década de 1990 con el fujimorato. Todo esto como parte del Consenso de Washington "recomendado" por el FMI. La afirmación de que salvo la inversión privada extranjera, todo el resto es atraso y primitivo, es su discurso ideológico. Pero, el fondo del asunto es otro, muy poco se escribe sobre esto, pues todos ven el problema como una consecuencia de la ineptitud gubernamental, del mal manejo del "asunto". Sin embargo, en este nuevo conflicto el Estado Peruano, una vez más, como lo ha sido a lo largo de su historia, está de espaldas de los intereses de las mayorías. No los representa. No es de su interés resolver los problemas vitales la población,[iii] menos si las personas son parte de una cultura ajena a su proyecto modernista y occidental. La lógica del Estado Peruano, simplemente es allanar el camino para que pase el gran capital y retorne a sus países con pingües ganancias. Y para ello, se evidencia desde el gobierno que se está dispuesto a asumir el papel de verdugo. La globalización, a través del gran capital, es la que verdaderamente ha sentenciado a nuestra Amazonía y a su población. Mientras que el gobierno aprista es el liquidador del Perú auténtico.
[i] Ver Perú.21, 04/06/09, p. 17.
[ii] Ver Correo, 05/06/09, p. 10.
[iii] Otro ejemplo actual es lo que está sucediendo en Puno con la elevada mortalidad infantil.