Desde su sede en Londres, AI se refirió a un fallo del Tribunal Constitucional el pasado mes que determinó que la ciudadana Juliana Deguis, nacida en República Dominicana en 1984 de padres haitianos, fue erróneamente registrada como dominicana en su nacimiento.
Ese caso concreto, según la organización pro derechos humanos, podría tener "amplios efectos discriminatorios", particularmente para los dominicanos de origen haitiano.
Esa misma corte ordenó también buscar todos los registros de nacimiento a partir de 1929 para personas que supuestamente habían sido registradas erróneamente y reconocidas como ciudadanos dominicanos, recordó AI.
"La total implementación de este fallo tendrá un efecto devastador en las vidas de cientos de miles de personas cuyos documentos de identidad serían cancelados y, por ello, verían muchos de sus derechos humanos -libertad de movimiento, educación, trabajo y acceso a la sanidad- totalmente negados", apuntó Chiara Liguori, investigadora de AI en el Caribe.
La organización lamentó que parte del citado dictamen ya ha comenzado a implementarse, al tiempo que las autoridades han permitido a Juliana Deguis permanecer en ese país a la espera de un Plan de Regularización Nacional que determinará el destino de los que, según el fallo, pasen a residir de manera ilegal en la República Dominicana.
"Quiero trabajo, pero no puedo. Tengo cuatro, hijos pero no pueden ir al colegio. Nacimos aquí y somos de aquí, pero sufrimos muchísima discriminación", explicó la propia Deguis a AI.
Según la organización, de ser aplicado de esta manera, el dictamen violaría las obligaciones que entrañan los derechos humanos en la República Dominicana.
El polémico fallo forma parte de varias decisiones administrativas, legislativas y judiciales que desde principios del año 2000 han tenido el efecto de privar a los dominicanos de ascendencia haitiana, de forma retroactiva, de su nacionalidad dominicana.
"Este último fallo podría destrozar completamente las vidas de ciudadanos dominicanos de origen haitiano, especialmente si les obligan a abandonar el país por el Plan de Regularización Nacional", explicó Liguori.
Según la portavoz de Amnistía, es "totalmente injusto" que personas que llevan viviendo décadas en la República Dominicana "ya no pertenezcan al país o no tengan derechos dentro de él".Editado en Neiba, Cabecera de la Provincia Bahoruco, República Dominicana.