Debido a la grave crisis económica, social y de inseguridad que hoy vive Venezuela, miles de venezolanos han emigrado en busca de un futuro mejor. Estos importantes flujos de personas se dirigen a multitud de países: Chile, México, España, Trinidad y Tobago, y Panamá, entre otros. Dada su cercanía con Venezuela, muchos migrantes han elegido Panamá como destino.
Recientemente se percibe en el país centroamericano a través de las redes sociales un malestar social derivado de los incrementos migratorios en periodos de tiempo relativamente cortos. Incluso han aparecido movimientos xenófobos que rechazan a estos migrantes.
YUSNABY POST conversó con el abogado panameño especializado en temas migratorios Alberto Quirós, quien nos compartió su visión sobre la situación que hoy afecta Panamá, sus causas y las posibles medidas que el gobierno pudiera llevar a cabo a este respecto.
¿Consideras que existe hoy en Panamá un problema migratorio? ¿Cómo se manifiesta esta situación?
Si lo existe. Panamá desde antes de su descubrimiento siempre ha sido un lugar de migración natural de tránsito. Sin embargo, en los últimos tres años hemos visto un impacto generado por una migración descontrolada y masiva que ha ido afectando a nacionales y extranjeros legalmente establecidos, no sólo en lo laboral, sino en una serie de situaciones que se originan producto del choque cultural existente entre inmigrantes y nacionales por temas de imposición de costumbres, desplazamiento laboral, saturación de Sistemas Públicos de Salud y de Educación y la no integración al país por parte de ciertos grupos de inmigrantes. Hay una marcada diferencia entre el inmigrante que viene a buscar un futuro mejor en el país y que se acoge a las reglas del mismo, y el que viene a pasar su crisis en espera de que las condiciones en su país cambien. Creo que aquí está el problema.
¿Cuáles dirías que son las causas?
Durante la administración del Presidente Martinelli, se instituyó mediante un decreto ley, un proceso de regularización que tenía como objetivo censar e integrar a los inmigrantes que tenían un tiempo de estar en el país de manera irregular, con el propósito de llevarlos a la vida del país para que pudieran ser contratados legalmente por empresas, pagaran impuestos, y gozaran de los beneficios permitidos por la ley, entre ellos seguridad social y demás. Durante ese periodo se regularizaron 57,652 inmigrantes (Años 2010 al 2014).
Posteriormente con el nuevo Gobierno, este procedimiento de regularización que tenía como objetivo integrar a personas que tenían años de estar en el país, pasó a ser un procedimiento de regularización permanente, poniendo como condición que el inmigrante sólo tenía que tener por lo menos un año de estar irregular al momento de emitirse el decreto, algo que consideramos es la primera falla al promover la irregularidad de los inmigrantes para acogerse a una legalización. Tampoco esta condición se ha cumplido: Existen personas que llegan al país posterior a la emisión del decreto (3 de junio de 2016), y que obtienen su cita para la regularización y automáticamente pasan a ser regularizados tendiendo sólo 6 meses de estar en Panamá, igualando los beneficios con aquellos inmigrantes que cumplieron con trámites migratorios normales, que pagaron por Visas Profesionales o se acogieron a los grupos que la ley prevé.
El problema se agrava en la medida en la que los inmigrantes que cumplieron con la ley, comienzan a ser desplazados laboralmente por aquellos que por una condición de irregularidad o fraude migratorio promovido por el Gobierno, se vieron forzados a vivir un período sin contar con permisos laboral, aceptando cualquier trabajo a precios por debajo del valor del oficio, por lo que desplazan la mano de obra tanto del inmigrante legalizado, como del nacional que también aplica a esos puestos de trabajo.
El impacto de esto se siente más, cuando Panamá, siendo un país de apenas 4 millones de habitantes, ha recibido más de un tercio de su población en extranjeros que están ingresando de manera irregular para someterse a estos procesos.
El Gobierno no muestra estadísticas, lo que ocasiona duros cuestionamientos, ya que hay diferencia entre los fondos que ingresan al Estado por medio de procesos migratorios ordinarios (fondos que van al Tesoro Nacional), y los fondos que ingresan a través de estos procesos regulatorios, ya que estos últimos ingresan al Fondo de Inversión Social de la Presidencia (un fondo de inversión duramente cuestionado en la actualidad por malos manejos cuando otrora era llamado PAN – Programa de Ayuda Nacional y que fue la cartera objeto de varios procesos penales de algunos miembros del Gabinete del gobierno anterior y del propio Ex Presidente Martinelli). Por otro lado estos decretos crean una condición especial para el personal de Migración, promoviendo incluso que estos funcionarios ganen una especie de bonificación por promover estos procesos. La distribución se da en 80% al FIS y 20% al Personal de Migración, algo que puedes ver plasmado en el artículo 5 del propio decreto.
Veo que distingues al inmigrante legal del irregular. ¿Cómo afectan las disposiciones actuales a los migrantes que obtuvieron la residencia panameña previa a los decretos ejecutivos que haces referencia?
Los requisitos en los procesos de regularización hoy son mínimos. No te exigen salvo tener “un año” de estar irregular en el país (lo cual no se cumple en la práctica), ser mayor de edad, no tener otros trámites de legalización abiertos y acudir personalmente a hacer la solicitud. En Panamá tenemos por Ley, trámites migratorios que tienen un procedimiento ordinario y establecen parámetros para la migración que se basan en temas de profesionalidad, requerimiento laboral, familiaridad y demás. Estos trámites quedan desplazados por los nuevos procesos de regularización.
También tenemos que ser enfáticos en que, con estos procedimientos de regularización se está patrocinando la informalidad ya que muchos de estos inmigrantes se dedican a actividades reguladas por ley, pero no se someten a ella; la explotación laboral y la trata de personas son otros temas que se han agravado, ya que muchos de estos inmigrantes no cuentan con perfiles profesionales y vienen al país a trabajar de lo que sea. Hemos tenido un incremento en la oferta de servicios de prostitución, masajes clandestinos y otras actividades que arriesgan la salud pública.
Otro aspecto tiene que ver con los inmigrantes que tuvieron que pasar por trámites migratorios formales: Estos se encuentran en total desventaja incluso cuando compiten profesionalmente por un puesto de trabajo cuyo valor es por ejemplo, de USD1200.00 y el inmigrante irregular acepta el puesto por USD700.00 lo cual se traduce en una competencia desleal para todos (extranjeros legalizados y nacionales). La queja se viene dando por parte de los propios extranjeros legalizados mediante trámites migratorios formales, que manifiestan que existe una total incongruencia entre las políticas migratorias para aquellos que quieren cumplir con la ley, y los requisitos que se dan a aquellos que quieren aplicar al procedimiento de regularización. Tal pareciera que la intención del Gobierno Nacional fuera eliminar cualquier otro procedimiento migratorio legal y llevar a todos los extranjeros por el camino de la regularización.
Es importante que tengamos en claro que el Permiso Migratorio es distinto del Permiso Laboral y verás la gravedad cuando por ejemplo, recientemente una entidad despidió 100 colaboradores entre panameños y extranjeros legales y estaba sacando nuevos permisos de trabajo para extranjeros con el propósito de contratarles con menores salarios. Esto te da una idea de la magnitud del problema.
¿Cuáles son las medidas que consideras que el Gobierno debería llevar a cabo?
En general estamos exigiendo la derogación de los decretos leyes que promovieron estos procesos de regularización, y que se retorne a aplicar la ley como estaba. El Decreto Ley que regula los Procedimientos Migratorios es claro. Define los tiempos para que una persona esté legalmente establecida como turista (90 días) y exige extensiones en caso de ser necesario; también exige un mínimo de USD500.00 que aumenta de acuerdo a la estadía del turista. Sin embargo, no sabemos cuándo la interpretación de la ley fue cambiada de manera tácita. En la actualidad se permite que un “turista” ingrese con USD500.00 por 6 meses, algo que resulta totalmente inadmisible ante el costo de hoteles y de las actividades turísticas reales. Las autoridades se hacen de la vista ciega ante tal irregularidad, y es por eso que hablamos de que el propio Gobierno está patrocinando un fraude migratorio al permitir que se mienta descaradamente sobre la intención de viaje de un inmigrante.
Por otro lado, la propia Constitución indica que la inmigración debe ser regulada por la Ley en atención a intereses sociales, económicos y demográficos del país. Es importante que el gobierno se siente y realmente vea las necesidades del país para enfocar las políticas migratorias de manera coherente. Lo que tenemos en la actualidad es un caos. Sabemos que hay que ser solidarios con nuestros hermanos de otros países, pero no podemos hacerlo si no hacemos profilaxis en casa primero, y para ello tenemos que adecuar nuestras condiciones. El Gobierno debe solucionar primero los problemas de Educación, Salud y bienestar de sus nacionales y extranjeros legalmente integrados a la vida del país, para poder acoger a nuevos inmigrantes que quieran crecer y aportar al mismo. Lastimosamente esto no lo estamos percibiendo y por el contrario, vemos como colapsan nuestros sistemas y se originan como consecuencia estos grupos que se manejan con tintes xenófobos.
Como conoces, el 12 de marzo algunos grupos han convocado una marcha con mensajes xenófobos. ¿Qué opinas al respecto?
Definitivamente no estamos de acuerdo con ningún llamado que se haga a manifestarse en contra de los extranjeros, pues hemos sido claros en decir que ellos están siendo víctimas de una mala política migratoria del Gobierno panameño. Grupos como el que haces referencia, se están manifestando tomando consignas erróneas y aprovechando un malestar que existe de hecho por el tema del desplazamiento laboral, pero que mal manejado puede ser catastrófico. Nosotros instamos a que estos grupos sean responsables y que se manifiesten no en contra de los extranjeros, sino en contra del Gobierno, que es el único responsable de que esta situación esté ocurriendo al no establecer verdaderas políticas migratorias ni tampoco cumplir con las leyes.
¿Qué puede hacer el ciudadano panameño para reclamar al Gobierno atención a esta situación?
El ciudadano común ya lo está expresando por todas las vías. Sólo tienes que entrar a las redes sociales y verás expresiones constantes sobre el tema, algunas buenas, otras extremas. Incluso distintos gremios hemos elevado recursos de ilegalidad, de inconstitucionalidad, y nos hemos pronunciado en cartas públicas y comunicados, exigiéndole al gobierno un control migratorio verdadero, el retorno a la ley migratoria existente y el consenso para establecer mediante estudios verdaderos y obedeciendo al mandato constitucional las nuevas políticas migratorias (si fuera necesario establecer cambios a la ley existe). Lo que sí es imperante es que se ponga en orden el descontrol existente.
Sin embargo, ante estos llamados, el Gobierno se ha hecho de oídos sordos. Estamos sumamente preocupados porque en la medida en que esta sordera ocurre, podemos tener repercusiones extremas por grupos que mal manejan la opinión pública. Instamos al ciudadano común a que se exprese, pero reitero, no en contra del extranjero, sino en contra de las malas políticas migratorias que lleva el Gobierno.
Es importante que se haga conciencia de que el inmigrante es una afectado más en esta cadena. Nadie busca salir de su país, pero también es importante que estemos claros que, para recibir a nuestros hermanos, tenemos que tener una casa sólida que lo permita y en estos momentos las condiciones no se están dando como el Gobierno pretende hacer ver. Estamos decreciendo económicamente. No encontramos una respuesta coherente entre la cantidad de nuevos empleos generados y la cantidad de permisos de trabajo otorgados a extranjeros.
Finalmente, una reflexión. La principal causa de la reciente ola de inmigrantes no solo a Panamá sino a muchos otros países de la región la tiene la crisis social y económica que se vive en Venezuela. ¿Cuál pudiera ser una vía para enfrentar esta situación?
En primer lugar, los países de la región y los organismos internacionales tienen que actuar en la búsqueda de una solución definitiva a la crisis venezolana ejerciendo verdadera presión, ya que hasta el momento han sido muy condescendientes en el tema. Venezuela está sufriendo la pérdida de sus jóvenes profesionales y no profesionales quienes están saliendo del país no sólo a Panamá, sino a toda Latinoamérica y España y cuando un país pierde a sus jóvenes y profesionales, pierde fuerza para luchar. La posición de Panamá al igual que la del resto de los países debe ir enfocada a que en Venezuela se restablezca la democracia, y esto sólo es viable si organismos como la ONU y la OEA actúan de manera más enérgica y sin tantos preámbulos para solucionar esta crisis que está afectando a una mayoría de venezolanos y que trae una cadena de afectación a los países de la región.
Foto: Léo Tisseau (Licencia)