Andalucía: abocada al diálogo

Parlamento de Andalucía

En Andalucía debe comenzar un tiempo nuevo, distinto a lo acostumbrado, a partir del próximo 4 y 5 de mayo, fecha en la que el pleno del Parlamento de la Comunidad Autónoma celebra sesión para la investidura de la persona encargada de formar un Gobierno que responda a lo expresado y deseado por los ciudadanos en las urnas el pasado 22 de marzo. La única candidata dispuesta a asumir tal reto es Susana Díaz Pacheco, actual presidenta en funciones de la Juntade Andalucía, avalada por los 47 diputados conseguidos por la formación que lidera y que convierten al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la minoría mayoritaria que, en teoría y aritméticamente, debe afrontar tal responsabilidad. No lo tiene fácil.
En principio, y tras las semanas transcurridas desde las elecciones, las negociaciones para buscar acuerdos de legislatura entre los distintos grupos parlamentarios no han dado ningún resultado tangible. No se ha producido, hasta la fecha, ningún pacto que facilite la constitución del nuevo Gobierno en una primera votación. Tanto el Partido Popular (33 diputados) como Podemos (15), Ciudadanos (9) e Izquierda Unida (5) se han limitado a escuchar las propuestas de los socialistas y exponer, por respuesta, las diversas condiciones que cada uno de estos partidos pone encima de la mesa para sellar cualquier acuerdo de investidura. En el horizonte de todos ellos figuran las inmediatas elecciones municipales y autonómicas convocadas para el 24 de mayo, además de las generales de final de año, que obligan a preservar las diferencias entre unas formaciones políticas que temen verse perjudicadas por un acuerdo con el PSOE en Andalucía.
El calendario y la coyuntura no juegan a favor de la formación de un Gobierno andaluz sin tensiones, como las que se produjeron para la composición de la mesa del Parlamento autónomo. Aquel reparto de puestos en la Cámara ha sido recurrido por los Populares ante el Tribunal Superior de Justicia por estar disconformes con la adjudicación de sillones realizada para cubrir las siete plazas previstas por el Reglamento. Esa misma falta de diálogo y las incógnitas que cada formación alberga se mantienen a la hora de decidir el próximo presidente de Andalucía, cuya votación se producirá el día 5 y, en caso de no reunir los apoyos necesarios, se procederá a una segunda votación el día 7, víspera del inicio de la campaña electoral de los comicios de finales de mayo.
Sin embargo, todas estas extraordinarias circunstancias que caracterizan el actual momento político obligan, precisamente, a un diálogo permanente y sin reservas entre los diversos actores que deben hacer viable el mandato de los electores andaluces. Están abocados al diálogo, a un diálogo constructivo en el que han de prevalecer los intereses de Andalucía sobre las estrategias electoralistas y los réditos partidistas. Tanto los socialistas como las demás fuerzas políticas están obligados a conseguir un acuerdo que permita la gobernabilidad en esta región y la constitución de un Ejecutivo que se ocupe de los problemas, muchos y de una gravedad extrema, que afectan a los andaluces. Es lo que demanda la población y es a lo que se comprometieron cuando recabaron el voto de los ciudadanos.
El nuevo escenario viene determinado por un Parlamento en el que tienen representación cinco grupos políticos, ninguno de los cuales goza de mayoría absoluta para formar Gobierno en solitario. Sólo los socialistas tienen posibilidades de ello, si las demás fuerzas no se coaligan para conformar una mayoría alternativa o se abstienen para no impedir que el PSOE gobierne la región. Ante la imposibilidad de coalición por el antagonismo ideológico de los grupos de la oposición, lo sensato y democrático sería no poner obstáculos a quien está en condiciones de poder gobernar. No se trataría de dar un cheque en blanco para la investidura de la candidata socialista, sino de optar por la abstención, como ejercicio de neutralidad, para que la minoría mayoritaria pueda constituir un Ejecutivo que, en esta Legislatura sin mayorías absolutas, estaría siempre sometido al control y escrutinio de cada iniciativa que remita al Parlamento. Se trata, en definitiva, de arrinconar posturas de enfrentamiento y confrontación para sustituirlas por las de diálogo permanente y constructivo entre todos.
Es un escenario distinto que obliga a comportamientos políticos también distintos. La fragmentación del Parlamento y la emergencia de nuevos interlocutores que representan la diversidad del sentir popular determinan necesariamente otra forma de gobernar. Ahora, sin el rodillo de las mayorías absolutas, habrá que consensuarse cada actuación gubernativa que, desde la diversidad de enfoques y aportaciones, tendrá oportunidad de enriquecerse y perfeccionarse en aras del bien general.
Lo deseable, por tanto, si no se pretende repetir unas elecciones en las que los ciudadanos ya han expresado su voluntad sobre quiénes merecen su confianza, es aceptar el veredicto de las urnas. En ese sentido, que los socialistas gobiernen en minoría es la menos mala de las alternativas posibles y la más democrática con respecto a esa voluntad popular. Oportunidades habrá a lo largo de la legislatura de controlar, corregir o impedir las acciones de ese Gobierno y su manera de ejercer el poder que se le entrega.
La responsabilidad de los partidos políticos se demuestra en circunstancias como las actuales, en las que se deben sopesar si priorizan sus intereses partidistas o los generales de la población. En función de ese comportamiento responsable, los votantes renovarán su confianza en los partidos o la retirarán en subsiguientes citas electorales. Esa es, precisamente, la gran virtud de la democracia: nada está decidido para siempre y todo depende de la voluntad soberana de los ciudadanos.
De ahí que lo más conveniente sea que el próximo5 ó 7 de mayo surja un nuevo Gobierno en Andalucía, un Gobierno abocado al diálogo en la misma medida que la oposición habrá de ejercer su función también desde el diálogo. Es lo que comprobaremos o deploraremos del pleno que celebre el Parlamento en esas fechas para la investidura del próximo presidente de esta Comunidad Autónoma.