Andalucía, en contra de los que producen

Publicado el 15 marzo 2017 por Franky
Andalucía es la comunidad más atrasada y pobre de España y una de las primeras de Europa en pobreza y atraso, pero también es la que cobra más impuestos a sus ciudadanos de toda España. Los gobernantes andaluces, socialistas, dicen que cobran impuestos para crear "igualdad", pero Andalucía es también una de las regiones más desiguales de España y Europa. El Impuesto de Sucesiones, al que el pueblo llama "Impuesto a los Muertos", no es el impuesto que más pesa en la ciudadanía, pero es el más injusto, depravado y cruel porque incluye doble imposición y obliga a miles de familias a renunciar a sus herencias porque no pueden pagar las elevadas tasas que la Junta de Andalucía aplica. Ahora, ante la verdadera rebelión popular desatada contra ese impuesto, la Junta pide al gobierno de España que lo recupere y compense a las comunidades con dinero. Lo que ocurre es que los gobernantes andaluces tienen miedo de que el pueblo se rebele contra tanta injusticia y quieren evitar el desgaste y el rechazo que provoca el cobro de un impuesto a todas luces injusto y abusivo. --- Gobernar por la "igualdad" no es crear en Andalucía un sistema que únicamente beneficia a los políticos que gobiernan, a sus familiares y amigos. Dicen que "los ricos deben pagar más", pero consideran ricos a los que tienen nómina, a los autónomos, a las clases medias y a los que gestionan las pequeñas y medianas empresas. Ese acoso a los que producen es el que está detrás de la pobreza endémica andaluza y de que, bajo el poder socialista, Andalucía esté considerada, desde hace casi cuatro décadas, como la región mas atrasada y corrupta de España.

La retórica socialista proclama que “los ricos deben pagar más” ¿Pero a qué ricos se refieren? No se trata solo del Impuesto de Sucesiones desproporcionado e injusto que aplica la Junta de Andalucía, sino también de otros impuestos injustos, abusivos y confiscatorios que existen, que se aplican sin piedad y con codicia a sectores privados productivos y específicos, llevándolos hacia la angustia y la ruina, sin que los estamentos afectados y la defensa de los consumidores, sociedad civil y ciudadanos en general, puedan hacer prosperar los recursos interpuestos en los tribunales. El corporativismo y complicidad entre instituciones es de alarma social y contrario a derecho.

Siempre la misma retórica: “Los ricos deben pagar más que los demás”. Pero la clave del drama está en que, para ellos, los supuestos ricos, incluyen a las clases medias, autónomos, trabajadores y pymes que, con sus esfuerzos y sacrificios impulsan la economía y dan trabajo a cientos de miles de personas, generando riqueza. El acoso a los que producen, plasmado en el Impuesto de Sucesiones y muchos otros, es el que hace posible que Andalucía siga siendo la región más atrasada de España y la que tiene más desempleados desde hace cuarenta años, desde que los socialistas gobiernan.

Cada día son más los que sospechan que el objetivo auténtico de ese saqueo de los bolsillos de los que producen, trabajadores, clases medias, autónomos y pymes, no es recaudar para mejorar los servicios públicos, sino tal vez mantener el tinglado socialista andaluz, basado en el clientelismo, en las subvenciones y en lujo y buena vida para los que gobiernan, sus amiguetes, familiares y sus compañeros de partido.

El mejor ejemplo de que se gobierna para una élite socialista que siempre gana en las urnas es la creación de cientos de empresas públicas, instituciones, observatorios y chiringuitos varios que son innecesarios y que no tienen otro fin que dar trabajo bien pagado a los familiares y amigos del poder, un montaje costoso, desigual e injusto que cuesta miles de millones de euros y que exige muchos impuestos y tasas que debe pagar la ciudadanía y el tejido productivo, realmente agobiado por la burocracia y los tributos.

No en vano Andalucía ha sido declarada por Bruselas como la región más corrupta de España, lo que equivale a serlo también de Europa. Lo privado es avasallado por lo público, pero lo público carece de autoridad moral hasta para cobrar impuestos, dado su historial delictivo. Muchos ciudadanos tienen derecho a sospechar que sus tributos e impuestos van al bolsillo de algún desaprensivo, antes que a contribuir al bien común.

Es “el mundo al revés”, toda una locura que conduce no a la igualdad que tanto pregonan, sino a una sociedad dividida en dos bandos: los que gobiernan y sus amigos, por un lado, ricos y poderosos, y los "pringaos" que trabajan, pagan impuestos y padecen el acoso y derribo de los que deberían dedicarse a servir a los ciudadanos.

Francisco Rubiales