La Comunidad Autónoma que gobierna la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, parece no encontrar fin a las deudas que esta tiene con las residencias de ancianos y discapacitados. Algunas de ellas llevan meses sin ver pasar un euro de la Junta por delante de sus narices y pone en peligro la integridad de los usuarios de estos centros. Además de cientos de puestos de trabajo de muchos profesionales sociales y sanitarios. Algunos de ellos llevan meses sin cobrar. No abandonan su puesto de trabajo, están ahí cada día durante sus ocho o más horas al pie del cañón. No se van por respeto a los que cuidan y porque ellos no tienen culpa de lo que está sucediendo.
Ninguna de las ocho provincias andaluzas se salva de este problema. La excusa de la Junta de Andalucía, muy típica de la gran mayoría de los organismos autónomos como se verá más adelante, es que tiene problemas de liquidez para poder hacerse cargo de la deuda pendiente. ¿Lo mejor que se puede hacer? No pagar o dejar que los ayuntamientos y diputaciones se encarguen de la deuda. De esta manera los municipios, sobre todo los de pueblo pequeños y medianos, se van endeudando cada vez más, las arcas municipales cada vez más vacías y la situación cada vez más insostenible.
Varios son los casos que tiene la provincia de Almería y que está dejando a las residencias, al igual que en las demás provincias, al borde de la ruina y la desaparición.
Como tampoco lo tiene en cuenta en la localidad de Pulpí. El Consistorio tiene que desembolsar cada mes casi 150.000 euros para poder garantizar el correcto funcionamiento de la residencia de mayores, el centro para personas discapacitadas Casa Tejá, la unidad de estancias diurnas y la guardería. Aunque estos servicios son de titularidad municipal pero se financian a través de fondos autonómicos. El Ayuntamiento ha tenido que recurrir a préstamos bancarios para poder hacer frente a los 600.000 euros que la Junta adeuda al organismo municipal.
Tampoco es que lo estén pasando muy bien en la residencia Veraparaíso, ubicada en la localidad de Vera. Esta es gestionada por la Junta a través de una empresa privada sin intervención del Ayuntamiento. Según confirmación de la dirección del centro, los trabajadores cobran sus salarios con una media de cuatro meses de retraso. No es nada nuevo para ellos, ya que desde 2010, que se tenga constancia, esta residencia lleva denunciando estos atrasos.
En San Pedro Alcántara, una localidad de Marbella (Málaga), más de lo mismo. En este caso es la nueva residencia para personas con discapacidad de Aspandem (Asociación a favor de las personas con discapacidad en la Costa del Sol). La residencia, si la Junta lo permite, se convertirá en uno de los centros de referencia en la atención a discapacitados de Andalucía, con capacidad para "31 residentes gravemente afectos y 16 residentes adultos".
Según el contrato firmado entre la organización y el Gobierno andaluz, éste no puede superar los 90 días de deuda. En palabras de la presidenta la Junta espera que transcurran casi los 90 días, el límite por ley, para hacer efectivo el pago de un mes y así poder seguir manteniendo la deuda de dos meses. O lo que es lo mismo, el pez que se muerde la cola, ya que nunca logran zanjar la deuda que a día de hoy asciende a 350.000 euros. Aunque tiempo atrás la Junta de Andalucía acumuló una deuda de 7 meses por valor de 860.000 euros.
Suma y sigue. Esta vez en la localidad de Écija (Sevilla). Desde mayo de este año hasta septiembre, la Junta de Andalucía adeuda al Organismo Autónomo Local Prodis un total de 454.000 euros que corresponde a los distintos servicios que ofrece como la Residencia de Gravemente Afectados, Residencia de Adultos, Centro Ocupacional y Unión de Estancia Diurna. Fuentes locales han comentado que de nuevo el ayuntamiento, al igual que las localidades anteriores, ha tenido que hacer frente a una gran parte del pago de la nóminas del mes de septiembre.
Tras estos casos hay otros tantos más de los que no se tiene noticia en los medios pero que, con total seguridad, estaría bien saber de ellos, y aquí se pueden denunciar, para darlos a conocer. No solo casos de Andalucía. En siguientes posts se verá la deuda que otras Comunidades Autónomas tienen con residencias y colectivos de discapacitados e infantiles. La excusa de no tener dinero para poder pagar se les ha quedado pequeña. El saber administrar con mayor inteligencia es la mejor arma para que la situación mejore y nadie salga perjudicado. O no quieren hacerlo o no les da la realísima gana de querer hacerlo en condiciones.