Andalucía rechaza la aplicación de copago a dietoterápicos, ortoprótesis y transporte sanitario no urgente

Andalucía rechaza la implantación de cualquier tipo de copago en la denominada Cartera de Servicios Suplementaria, que incluye -en principio- los tratamientos dietoterápicos, el material ortoprotésico y el transporte sanitario no urgente, además de los medicamentos. Así lo ha manifestado de nuevo la representante de la Comunidad Autónoma en la reunión, por audioconferencia, de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud en la que el Ministerio ha informado del desarrollo del Real Decreto Ley.
En el transcurso de esta reunión, la representante andaluza ha trasladado al Ministerio no sólo la falta de equidad de la norma en sí, sino la de algunos planteamientos específicos, como que se penalice reiteradamente a los mismos colectivos que tienen que hacer frente simultáneamente al desembolso de los medicamentos, del material ortoprotésico y del transporte sanitario. Por ello, ha reclamado, con independencia de la oposición a las medidas de copago, que se tenga en cuenta este aspecto para establecer límites a las aportaciones de los pacientes, de forma que sea, en todo caso, sobre el conjunto y que se excepcione a determinados colectivos.
En el caso de pacientes que requieren de todos estos tratamientos, la cantidad a desembolsar por cada uno de los conceptos individualmente haría inviable la aportación total. Así, por ejemplo, una persona que requiera de hemodiálisis para su supervivencia y a la que se le exija copago pagaría entre 1.300 euros y 7.800 euros al año en función de si es pensionista o activo, a lo que tendría que sumar el pago de la medicación –alrededor de diez medicamentos en el caso de la insuficiencia renal-. Actualmente, en Andalucía hay más de 4.000 personas en diálisis crónica.
En el caso de que una persona haya sufrido un accidente vascular cerebral, por ejemplo, y necesite rehabilitación (unos 4.000 pacientes al año en Andalucía) y medidas adicionales como silla de ruedas, andador o bastones ortopédicos, podría tener que pagar entre 1.500 y 9.300 euros por un tratamiento de seis meses, incluido el transporte sanitario no urgente.
El Gobierno continúa con la hoja de ruta
En el transcurso de la reunión del Comité de Prestaciones, el Ministerio de Sanidad ha anunciado a las comunidades autónomas que va a llevar a cabo el desarrollo normativo necesario para hacer efectivo algunos aspectos del Real Decreto Ley, aunque se ha limitado a una información básica, dado que no se ha aportado ninguna documentación al respecto ni se han aclarado las dudas que han formulado los representantes de las autonomías.
Así, numerosas regiones han coincidido en la dificultad técnica que conlleva la implantación del copago en la dispensación ambulatoria de productos hospitalarios y, especialmente, el transporte sanitario no urgente.  Y, en el caso de Andalucía y el País Vasco, se ha reiterado el impacto catastrófico que puede tener esta medida sobre determinados colectivos, puesto que la redacción de la norma especifica “sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación”.
En Andalucía estas tres prestaciones –transporte sanitario no urgente, productos dietoterápicos y material ortoprotésico- son gratuitas. La puesta en marcha del copago en estos aspectos no sólo es inequitativa sino que no supone ahorro alguno dado que genera un coste burocrático adicional que no justifica su aplicación, sin tener en cuenta el coste sanitario que supone para las personas no tener acceso a tratamientos fundamentales para su salud