Rodríguez López explicó que la política se estructura en torno a 7 ejes, 62 prioridades, 124 estrategias con indicadores medibles y 248 líneas de acción, las cuales deben ser cumplidas por los 240 entes públicos del estado, incluyendo los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. La estrategia también contempla un sistema de seguimiento y monitoreo diseñado con el apoyo del PNUD, que permitirá a los entes públicos reportar cómo están cumpliendo con la política estatal anticorrupción.
Este sistema no solo busca garantizar una mejor planificación y estrategia en la lucha contra la corrupción sino también servir como una herramienta preventiva que, a través de la recopilación de datos, ayudará a generar una base de inteligencia anticorrupción. Rodríguez López subrayó la importancia de la prevención y cómo el sistema permitirá observar los resultados a corto, mediano y largo plazo.
Además, se han emitido recomendaciones a entidades que no acatan las directrices de la lucha contra la corrupción, destacando la necesidad de adherirse a la plataforma digital estatal, que ya integra los sistemas nacionales de declaraciones patrimoniales, servidores públicos involucrados en contrataciones y servidores públicos y particulares sancionados.
Rodríguez López también abordó la relación entre la política anticorrupción y el proceso electoral, aclarando que el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción no interviene en asuntos electorales pero enfatizó la relevancia de prevenir el desvío de recursos públicos durante las elecciones.