Más de un compatriota recordará el 2 de abril pasado cuando unos 16 millones de clientes de Movistar quedaron incomunicados. Al día siguiente el mismo De Vido informó la decisión de “aplicar la máxima sanción prevista” a la compañía, que incluía el pago de un resarcimiento a los usuarios damnificados y la aplicación de una multa cuya cifra se difundió un mes después.
En aquella oportunidad el Ministerio de Planificación hizo caso omiso a la sospecha de sabotaje que barajó la empresa. En cambio la Justicia sí dio lugar al pedido de investigación, y a medidados de junio procesó a un ex empleado de la compañía luego de haber solicitado la realización de pericias sobre material secuestrado en su casa. Este primer paso hacia la resolución del caso sugirió la posibilidad de que Movistar apelara la sanción estatal pero, al menos en Internet, cuesta encontrar información al respecto.
Quizás el apagón de ayer efectivamente se haya originado en un sabotaje que la Justicia -en principio el juez Norberto Oyarbide- comprobará. De ser así, el fallo informará sobre el móvil de los autores del delito y despejará dudas sobre las hipótesis que circulan en las redes sociales y que señalan la curiosa coinidencia entre el siniestro eléctrico y la inminente marcha opositora del 8N: quienes están a favor del Gobierno presumen que el apagón acrecienta la denuncia de caos ingobernable en boca de los antiK; quienes están en contra del Gobierno entienden que éste propició un corte masivo para que los reclamos por la interrupción del servicio tapen la movilización ciudadana”.
Al margen de estas especulaciones, algunos espectadores seguimos comparando la reacción del ministro De Vido frente al apagón de Movistar y a este último apagón que involucra a Edesur (además de Edenor). Como a principio de 2011, volvemos a preguntar(nos) cuántas chances (más) tendrán estas distribuidoras eléctricas ante el Ministerio de Planificación de la Nación.