Cumpliría con un objetivo constitucional y satisfaría a los catalanes, gallegos y vascos, orgullosos de sus idiomas autóctonos, que se creen cátedras de esas lenguas cooficiales en universidades, escuelas de idiomas e institutos del resto de España, como acaba de proponer Ciudadanos (C’s) en el Parlamento de Andalucía.
La Proposición no de Ley de José Antonio Funes, diputado de C’s, demostraría, especialmente a los independentistas, que sus quejas por el desprecio mayoritario a su idioma son injustas.
Aprobar esa proposición sería un gesto de buena voluntad, un paseíllo como el de los toreros vestidos de luces exhibiéndose antes de comenzar la faena para que el público alabe su prestancia y buena figura.
Porque la oferta podría extenderse a toda España, pero la demanda sería limitadísima, como ocurrió en Madrid en 2008.
Fue una idea de la torrencial Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad entonces: ordenó preparar un céntrico instituto para dar clases bilingües catalán-castellano pensando, por ejemplo, en los hijos de los entre 40.000 y 65.000 catalanes que se calcula que viven en la capital y alrededores.
A los pocos meses se canceló la oferta: sólo se habían presentado 11 solicitudes, además correspondientes a cursos diferentes, cuando el requisito para establecer las clases era lograr un mínimo de 10 matrículas por curso.
Si esto ocurrió en Madrid, es para imaginarse el resultado en el resto de España con todos los idiomas cooficiales.
Pero lo importante es el paseíllo, el gesto, la propuesta, la oferta: apreciamos el catalán, el gallego y el euskera. Pongan ustedes los alumnos y nosotros aportamos los medios; después, no se quejen.
Pero quid pro quo, como defiende C’s: quien quiera clases bilingües en Cataluña, en castellano y catalán, por ejemplo, no será sometido a la inmersión obligatoria en catalán, como ahora.
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SALAS