Se trata de una modificación obligada por una directiva comunitaria que ha sido respaldada por el PP, UPyD, y UPN, y ha contado con la abstención del resto de los grupos, que han visto rechazadas gran parte de su medio centenar de enmiendas.
Con esta norma, que será remitida al Senado, el Ejecutivo trata de simplificar los procedimientos administrativos.
Así, ha suprimido la necesidad de aportar documentos en los procedimientos de revisión y actualización de la autorización, cuando ya hubiesen sido facilitados con motivo de la solicitud de autorización original.
Otra medida de simplificación administrativa es la supresión del deber de renovación de la autorización.
Ahora será el órgano ambiental competente, mediante un procedimiento simplificado, el que garantizará la adecuación de la autorización.La nueva regulación, según el Gobierno, es “más garantista” en la protección frente a la contaminación, ya que no se limitará sólo a la atmósfera y al agua sino también al suelo y al subsuelo, es decir, a las aguas subterráneas.
Fuente: EFE Agro