La norma surgió de un proyecto consensuado que dictaminó la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, que fuera presidida por Julio De Vido hasta el 23 de octubre, cuando renunció a ese cargo. Incluso fue el exministro de Planificación Federal -hoy desaforado y detenido- quien defendió la iniciativa como miembro informante el 13 de septiembre, cuando recibió media sanción.
La flamante ley establece además que todos los proyectos de construcción de edificios públicos deberán “contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables, conforme al aprovechamiento que pueda realizarse en la zona donde se ubique, previo estudio de su impacto ambiental en caso de corresponder”.
En cuanto al esquema de facturación, se fija que el valor final a pagar por el usuario-generador será el cálculo neto entre el valor monetario de la Energía Demandada y el de la Energía Inyectada. También se dispone que “el distribuidor no podrá añadir ningún tipo de cargo adicional por mantenimiento de red, peaje de acceso, respaldo eléctrico o cualquier otro concepto asociado a la instalación de equipos de generación distribuida”.
Indica además la creación de un “Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables”, el que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, que regirá en todo el país.
Al respecto, el senador Julio Cobos (UCR) resaltó que “la ley estipula que todos los usuarios de la red tienen derecho a instalar equipamiento para la generación de energía eléctrica, a partir de fuentes renovables, hasta una potencia equivalente a la que éste tiene contratada con el distribuidor para su demanda”.
El legislador mendocino explicó que “nuestro país atraviesa una grave crisis energética, lo que plantea la necesidad de realizar un vuelco hacia una matriz energética diversificada para lo cual Argentina tiene amplias posibilidades”.
“Debemos tener en cuenta la obtención de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas renovables para ayudar en parte a solucionar los inconvenientes anteriores, sin que las futuras generaciones corran riesgos de desabastecimiento”, completó.
Fuente: ParlamentarioAmbiente y ecología