En respuesta a mi anterior artículo sobre la urgencia de capacitar a toda la gente para protegerse contra los delincuentes que en forma nunca vista proliferan hoy a lo largo y ancho del país, sin que ninguna autoridad pueda hacer nada efectivo contra ellos, recibí numerosos comentarios que hablan de la preocupación general por este problema de seguridad; incluso algunos apuntan soluciones que vale la pena analizar.
Entre los comentarios recibidos figura el del buen amigo Carlos Prospero, antiguo compañero de “El Informador” y ahora distinguido académico, quien definitivamente se pronuncia porque se permita a todos los mexicanos portar armas para su legítima defensa, ya que por lo visto nadie está en posibilidad de garantizar su vida y sus bienes, debido obviamente a la ineptitud y/o corrupción de las autoridades.
Sin demérito de la opinión de Carlos, que mucho aprecio, esta tesis no es nueva, pues varias veces la escuché en labios del licenciado Jesús González Gortázar, el “Chacho”, hijo del exgobernador Jesús González Gallo, uno de los mejores mandatarios que ha tenido Jalisco. Decía el “Chacho” que todos deberíamos portar armas –incluso él lo hacía no sólo como charro, sino en su vida diaria–, porque primero –decía– está el derecho a defendernos ante cualquier circunstancia.
Puntos para considerar
Muy bien, pero hay varios puntos que hemos de analizar:
El primero es que el gobierno mexicano no va a permitir así como así que toda la gente porte armas, porque se provocarían casos tan graves como los que ocurren con frecuencia en Estados Unidos, donde cualquier loco se agarra matando gente a diestra y siniestra (lo sucedido recientemente en Las Vegas recuerda este riesgo).
En segundo lugar, aun cuando las autoridades fueran flexibles en los permisos de portación, es necesario capacitar a la gente para el manejo de armas, porque los delincuentes están obviamente mejor preparados para estos menesteres, a veces más que los militares y los policías: es su oficio y en él se juegan la vida.
Y un tercer problema, que considero el más importante, es que muchos no nacimos para manejar armas y menos para matar gente. Hay quienes –me consta–, que se resisten a matar animales incluso tan peligrosos como alacranes y ratas, así que, atentar contra la vida de un ser humano, por muy delincuente que sea, no está en su plan de vida.
¿Qué hacer entonces?
La conclusión es lógica, que el gobierno en todos sus niveles –federal, estatal y municipal–cumpla con su obligación de dar seguridad a los ciudadanos; es increíble que éstos ya ni siquiera se animen a salir a la calle, y menos de noche, por el temor de ser asaltados.
Lo he dicho muchas veces y lo repetiré cuantas veces sea necesario: la principal función del Estado es garantizar la vida de los ciudadanos y sus bienes, porque de otra manera no se justifica.
Los únicos autorizados para portar armas en este país deben ser los policías y los militares, pero siempre para proteger a la población.
Artículo publicado por la revista Conciencia Pública en su edición del domingo 29 de octubre de 2017.