A las muchas canalladas y estragos causados por los secesionistas, ademas del incumplimiento de las sentencias, la corrupción, la siembra de odio antiespañol, la fuga de empresas del territorio catalán, la retención de inversiones previstas y la perdida de competitividad y mercado para las empresas y productos catalanes, hay que agregar ahora el daño que causan a la economía nacional, sembrando inquietud entre los inversionistas y provocando el miedo en el dinero internacional.
La Justicia española debería tomar nota de esos daños causados e incorporarlos al menos, como agravantes, a las causas pendientes del nacionalismo ante la Justicia: por posible desacato, corrupción y ataque a la nación, violación de derechos fundamentales, deterioro de la convivencia, incremento de la desigualdad, daños al tejido empresarial, adoctrinamiento anticonstitucional de los niños y jóvenes, utilización perversa del dinero público, ataques contra la libertad de prensa y otros muchos, todos ellos admitidos y soportados por una Justicia y un gobierno, no por paciencia y prudencia, sino por cobardía e incapacidad de cumplir con el deber de respetar y cumplir las leyes.
Por el momento, el freno a la recuperación de la economía española provocado por Mas y sus secuaces no es irreparable, pero si la incertidumbre y el desafío continúan, el daño puede ser muy grave, con encarecimiento de la financiación e incrementos notables del desempleo y de la pobreza.