A cinco años del homicidio del fotorreportero Edgar Daniel Esqueda Castro, la impunidad prevalece en su caso, recientemente la FEADLE* desechó la investigación, mientras que la Fiscalía General del Estado hizo perdidiza la carpeta, y aunque se sabe que los presuntos responsables eran policías de investigación, la actual administración se niega a reconocer la responsabilidad de éstos.
Y todo parte de la inoperancia e ineficacia del Estado, que no garantiza la integridad física y psicológica de los que ejercemos la libertad de expresión.
Edgar Daniel Esqueda Castro, era fotorreportero de la fuente de seguridad y justicia en dos medios locales, fue secuestrado el jueves 5 de octubre de 2017, por varios sujetos que ingresaron a su domicilio y se identificaron como ministeriales. Un día después, fue encontrado sin vida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga”; semidesnudo, con las manos atadas a la espalda y visibles huellas de tortura.
Contaba con medidas de protección vigentes dictadas a su favor por la Fiscalía; dos meses antes de su muerte Daniel había denunciado amenazas de policías ministeriales. El entonces Comité Estatal de Protección a Periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP, incluso la autoridad federal a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación tenían conocimiento de la situación de riesgo en que estaba el reportero, pero fueron omisas.
La re victimización que fue objeto Edgar Daniel y su familia, propició la súbita muerte de su madre, la señora Verónica. Por la difusión de un video donde aparece Edgar Daniel con los ojos vendados y es obligado a pronunciarse criminalizando la labor periodística del gremio.
Sin avances significativos en la carpeta de investigación por el homicidio de Edgar Daniel, no se señala a algún imputado, pese a que existen elementos que atribuyen la privación ilegal y su muerte a agentes de la policía de investigación como presuntos responsables; no habrá judicialización o vinculación a proceso, mucho menos una reparación del daño a las víctimas, el caso de Daniel Esqueda quedará impune y su familia permanecerá bajo la injusticia.
El homicidio del fotorreportero se suscitó durante la administración estatal de Juan Manuel Carreras López, y aunque el actual gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona ha manifestado tener disposición e interés para garantizar la integridad de los periodistas, con la reciente conformación de un Mecanismo Estatal, sin embargo, la situación de inseguridad que merma en la región y el dinamismo de la labor informativa, supera las acciones de ese órgano colegiado, ello en consecuencia a una Ley obsoleta que no cuenta con instrumentos vinculantes, que no tiene facultad para investigar agresiones a periodistas, mucho menos para emitir medidas eficaces de protección, sigue sin garantizarse la vida de los periodistas.
* La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión.