Un estudio del diario financiero “El Economista” informaba recientemente de que los asesores y cargos de confianza de los políticos de todos los partidos en las distintas administraciones nos cuestan 850 millones de euros anuales.
Unos asesores que generalmente son familiares, amigos o conmilitones de sus asesorados, que les dan un sueldo público redundante con el de los funcionarios de carrera que deberían ser los únicos asesores.
Esos “cargos de confianza” suelen ser militanttes ambiciosos que esperan hacer carrera en el partido sin mayor valor que su audacia.
Un caso paradigmático es el de Ángel Carromero, de 27 años, un líder de las Nuevas Generaciones del PP que abandonó sus estudios para entregarse a la política: como él hay muchos también en el PSOE y entre los nacionalistas.
Carromero era el conductor del coche que posiblemente fue embestido por otro del régimen castrista en una infame carretera cubana, provocando la muerte de Oswaldo Payá y de otro importante disidente: libró a los Castro de dos molestísimos opositores.
Vuelto a España, donde cumple en tercer grado una condena cubana por homicidio, se integró en una junta municipal de Madrid con un sueldo como asesor de 50.000 euros.
La familia Payá insiste en que la muerte de Oswaldo fue un atentado castrista, pero la figura del joven, por no tener oficio ni beneficio, se desinfla.
Habría sido muy diferente de poseer un currículo respetable, tras haber cobrado nóminas de emprecas y actividades privadas que las de político.
Gente así, con mayores o menores heroicidades militantes, algunas veces, pocas, académicas, pero siempre amamantados por el partido, son los asesores.
Luego, aparecen tramposos como Irene Zoe Alameda, la falsa Amy Martin y su exmarido, Carlos Mulas, que dirigía la Fundación socialista Ideas, unos vividores a nuestra costa, cosa nostra.
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SALAS