Ayer el diario económico LibreMercado se hacía eco de las conclusiones que ha arrojado la II Jornada de Auditoría del Sector Público y que ha debatido sobre la Ley de Transparencia. Estas conclusiones dicen que España cuenta con más de 20.000 entidades públicas, entre sociedades mercantiles, consorcios o fundaciones, tanto a nivel nacional, autonómico o local, y añaden que el control de las cuentas de estos “entes” es escaso o prácticamente nulo. Estos especialistas dicen que si bien la supervisión suele ser alta a nivel de la administración del Estado, es baja en el ámbito autonómico y mínima en el ámbito local.
Y es que según se ha determinado en estas Jornadas, por un lado, en el ámbito estatal se dejan fuera de control determinados consorcios, fondos sin personalidad jurídica, organismos autónomos y algunas sociedades mercantiles por su tamaño reducido. Mientras, en las CCAA se dejan fuera de control individualizado muchas unidades de gestión de las áreas de sanidad y educación, además de algunas sociedades mercantiles, aunque la mayor carencia de control está en fundaciones y consorcios.
Sin embargo, en el ámbito local es donde esta debilidad es de una "magnitud realmente grave", tanto en Ayuntamientos (el 86% son de menos de 5.000 habitantes y tiene una carencia manifiesta de control), como en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.
¿Hasta cuándo durará esta situación?, ¿por qué seguimos los ciudadanos permitiendo este despilfarro?, y encima sin que la mayoría de estos “chiringuitos” sean fiscalizados y controlados.
Pero es que no queda ahí la cosa, ayer también se publicaba en la prensa que el mantenimiento de los parlamentos autonómicos nos cuestan algo más de 480 millones de euros al año, por lo que cada habitante hemos de aportar 10,2 euros al año para mantener los parlamentos de las distintas comunidades autónomas.
Si se eliminaran todos estos organismos duplicados y triplicados, la mayoría de ellos superfluos e inútiles, incluidos los parlamentos autonómicos, ¿cuánto ahorraría el País? Si todo esto se eliminara seguramente España cogería pulmón y mucho oxígeno para salir de la crisis sin que los ciudadanos de a pie sufriéramos tanto, pero claro, a la casta le interesa seguir con estos organismos, que se han convertido en un nido de enchufados y en una herramienta para pagar favores. Así nos va.