Las asociaciones AJASAHARA (Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara) y Justicia i Pau denuncian al Gobierno de España por exportar armas a Marruecos en contra de la legislación española y europea, que prohíbe estas ventas a países que violan los Derechos Humanos.
“Queremos que España detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso al reino alauí” declaraba ante la sede del Ministerio de Economía y Competitividad Francisco Serrano, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (AJASAHARA), organización que -junto a JUSTICIA I PAU- ha interpuesto esta mañana una demanda administrativa contra dicha institución gubernamental. “España incumple su propia legislación, además del Derecho Internacional”, añadió Serrano, refiriéndose concretamente a la Ley 53/2007 que en su artículo 8 determina que no se puede exportar material de Defensa a países en los que existan indicios racionales de que puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad regional; contra el respeto y la dignidad del ser humano; con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de Derechos Humanos’; y también a la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea que impide estas transacciones a estados en los que existen tensiones o conflictos internos y donde no se respetan los Derechos Humanos.
Según las estadísticas de exportación 2011 publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, España envío a Marruecos aeronaves valoradas en 1.529.901 euros y material de doble uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la exportación de material de defensa -en la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles- y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.444 euros.
A pesar de que en 2011, el Gobierno español había acordado oficialmente la suspensión temporal de cualquier exportación de armas a países del Norte de África envueltos en las revueltas de la primavera, permitió el envió de material de defensa y doble uso al Reino de Marruecos como se refleja en las Estadísticas de Exportación. Esta violación de la posición oficial, que llevó a la suspensión de la venta de armas a Libia, Túnez y Egipto, y a una revisión exhaustiva tras el fin de la suspensión de las exportaciones acordadas en años anteriores para estos países, también forma parte de la base de la denuncia.
Fotografías de un vehículo blindado de fabricación española, un VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) de fabricación española, apostado en la puerta de un colegio en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, es otro de los documentos aportados por los denunciantes. Concretamente, en este sentido, se pide al Ministerio de Economía y Competitividad que requiera información al Ministerio de Defensa sobre si los vehículos que aparecen en las imágenes son los que España ha vendido a Marruecos, tal y como consta en las estadísticas oficiales del Ministerio de Comercio del año 2008 (1.015 vehículos y camiones militares) y 2009 (286 vehículos todo-terreno).
El presidente de AJASAHARA ha destacado que “la situación de conflicto e inestabilidad interna en Marruecos y en el Sáhara son evidentes, con una escala de violencia desde los sucesos de Gdeim Izik en 2010”. Sobre esta realidad –apuntó-, habla el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, doc. SC/2012/197 de fecha 5 de abril de 2012, donde se informa de las sucesivas violaciones del alto al fuego cometidas por el Real Ejército de Marruecos y registradas por la MINURSO (Misión de Nacionales Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental).
Las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara Occidental “también están documentadas” –según palabras de Serrano y el propio texto de la denuncia- en los informes sobre Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Freedom House, el Parlamento Europeo, el Consejo General de la Abogacía, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura, estos últimos dependientes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). “A los saharauis se les está torturando”, subrayó Serrano.