Atacar la Constitución utilizando demagógicamente la pobreza energética.

El independentismo no pierde oportunidad para demonizar a la Constitución. Curioso, porque ellos se llaman así mismos “demócratas” y es precisamente la Constitución la que nos convierte en democracia y les permite a ellos poder hacer libremente esa demonización. Pero lo último es de nota. Se culpa al Tribunal Constitucional de permitir cortes de luz a familias en riesgo de exclusión social al anular la ley catalana que lo impedía. Está muy bien, de no ser que;Primero, en Andalucía y Madrid hay leyes que garantizan lo mismo, y son plenamente constitucionales. ¿Por qué? Porque son leyes de carácter social y no de ámbito enérgético (sobre lo que las comunidades no tienen competencias). Exacto, lo que hizo en realidad la Generalitat fue una ley con “obsolescencia programada”, es decir, una ley no para que fuese cumplida (porque sabían que legislaban donde no tienen competencias) sino para que fuese declarada anti-constitucional. Y eso, precisamente, para después poder montar todo este show victimista contra la maligna e insensible Constitución y España que va “contra los pobres catalanes”, cuando el problema no está en el contenido (evitar los cortes de luz) sino en que la Generalitat lo intenta hacer con un procedimiento incorrecto que obliga al TC a anularlo.Segundo, la ley anulada (cosas de la lentitud del TC), ya no tenía vigor. Es decir, es la propia Generalitat la que dejó sin vigor esa (modificación) de ley 22/2010 al ser sustituida por la 24/2015 en el Parlament, que sí es plenamente constitucional, pero que a pesar de las reclamaciones de la oposición no-independentista, el Govern de JxSí se niega a desplegar. Pero si tanto interés tienen en la pobreza energética y no es simple simulación, la manera más sencilla sería permitir mediante apoyo o abstención que salga adelante el pacto PSOE-Ciudadanos, uno de cuyos puntos es precisamente el de evitar los cortes de luz a familias vulnerables, pero esta vez aplicable a todos los pobres españoles (y no sólo a los de una zona) y, además totalmente constitucional, pues no invade competencias que no se tienen.