Luis Vega, presidente de AMAL.
Por primera vez en setenta y cinco años, un grupo de ciudadanos convocaba a una “procesión atea” en la católica España. Y, por primera vez, unos cristianos presentaban al juzgado una denuncia contra los convocantes de la misma, considerando que aquella convocatoria era un “escarnio religioso”. La denuncia estaba dirigida contra la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Ateos en Lucha y la Asociación La Playa de Lavapiés, por convocar para hoy, Jueves Santo, una “procesión inspirada en pasos de la Fe Cristiana”. Dicha procesión suponía “una afrenta a las ideas de quienes profesan las ideas cristianas” y ofendía las ideas “no sólo de los católicos, sino de cualquier persona que, sin compartir estas creencias, entiendan la Semana Santa como un acto cultural de la tradición española”. HazteOir, colectivo ultraconsiervador, se adhería a la prohibición porque “se trata de una vejación, una blasfemia, un insulto y un acto de terrorismo ideológico de significación anticatólica, con imágenes hirientes y obscenas que son, con toda probabilidad, actos delictivos de odio o intolerancia religiosa”.
Sin esperar el pronunciamiento de la Delegación del Gobierno, Gallardón y su Ayuntamiento vetaron, en un informe desfavorable, la “procesión atea”, considerando que esta marcha podía crear problemas de orden público. El vicealcalde, Manuel Cobo, advirtía que el Ayuntamiento de Madrid “no va a autorizar en ningún caso ninguna burla dirigida a la fe y a las convicciones de los ciudadanos, ya sean católicos o de cualquier otra confesión”. La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por María Dolores Carrión, prohibió la “procesión atea” convocada por coincidir en día y hora con las procesiones católicas, estar cercana a una de ellas y discurrir por varias parroquias y calles con nombres cristianos, entre otros motivos. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró totalmente de acuerdo con las declaraciones del vicealcalde, declarando que el acto le parecía una ofensa a los católicos madrileños.
Sin embargo, AMAL, y otras entidades sociales de pensamiento laico, entre las que destacaban “Ateos en lucha”, habían convocado la “Procesión atea” para poner de relieve “la hipocresía social y moral que representa la Semana Santa católica”. El presidente, Luis Vega, se extrañó de que la asociación ultra-conservadora hubiera presentado una querella acusándoles de delitos de genocidio y contra los sentimientos religiosos, de provocación al odio por motivos de fe y de manifestación ilícita, incluso antes de haberse producido el hecho denunciado. Los ateos de AMAL opinan que “no existe ningún dios, y que las religiones son un invento del hombre”. Y aborrecen las ideas ultra-conservadoras, reaccionarias e intolerantes que predican la mayoría de las religiones. Vega asegura haber pedido algo legal y no cree que la denuncia llegue a ningún parte. “Hablan de algo tan curioso como el genocidio. Igual se refieren al que hicieron durante el franquismo”. Para él, el objetivo de la manifestación era organizar una “marcha festiva”, lejos de las “caras tristes y sufridoras que caracterizan las procesiones católicas”. E insistía en que iban a hacer “una procesión alegre, divertida y crítica a la institución, no con los dogmas y ritos católicos”.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificaba ayer la prohibición de la “procesión atea”. La sentencia, no obstante, tiene dos votos particulares: El de Ángeles Huet Sande quien advierte que la sentencia se basa en meras conjeturas o hipótesis y no en hechos ciertos y objetivos por lo que la prohibición se le antoja desproporcionada; y el del magistrado José Luis Quesada Varea, quien “discrepa en la difusión que hacen los compañeros y advierte que el tratamiento, irónico y esperpéntico o caricaturizado de las manifestaciones religiosas no es, en principio, constitutivo de ofensa alguna y menos aún del escarnio que configura el delito … y no puede decirse con carácter absoluto que la “teatralización” de las procesiones católicas o de otras manifestaciones de culto religioso sea, de por sí, una grave ofensa a la religión, calificable como delito y, por tanto, rigurosamente inadmisible”.
Por su parte, Vega asegura que la sentencia “es un mazazo a la Constitución en el punto de que España es un estado aconfesional y conculca el derecho de manifestación”. Y considera que “la Semana Santa se ha privatizado y se ha vendido a la Iglesia católica”. AMAL ya tienen la vista puesta en el 13 de mayo, en que presentarán una nueva solicitud para celebrar una protesta por el recorte de las libertades.