La derecha conservadora del PP nunca tuvo siquiera un tet-a-tet con los sindicatos. Y ahora que las encuestas cacarean su victoria premonitoria, menos aún. Ya no tiene que fingir su inquietante ideología. Así, Cospedal despide a 501 liberados sindicales dentro de Castilla-La Mancha, incluso tiene vía libre para realizar recortes en las subvenciones a estos grupos de presión. Por su parte, Aguirre lanza sus dardos envenenados contra las huelgas de profesores, tildándolas de estupidez irracional. ¿Por qué el PP posee tan escasa sensibilidad hacia el derecho constitucional de huelga y sindicación?
El conservadurismo español es altamente reticente hacia la mediación laboral, y no entiende que el Estado tenga que aceptar, por puro respeto constitucional, la voluntad popular de disentir. Su concepción de la Sociedad Civil es puramente crematística. Los ciudadanos representan intereses dispares en los que el Estado tan solo debe intervenir en el caso de que suponga un grave atentado contra la paz social. Los conflictos laborales se resuelven en una mesa sectorial, no en la calle. Por esta razón, el PP no entiende las huelgas, a no ser (por supuesto) que éstas oreen con el viento a su favor. La ciudadanía debe trabajar más y quejarme menos. Este singular eslogan resume la filosofía laboral de la derecha española. Si por ella fuera, el derecho a huelga y sindicación hubiera sido suprimido de la Constitución desde su misma cuna. El empresario debe ganar dinero, el operario debe trabajar y, en caso de conflicto, el Estado debe obligar a un acuerdo que restablezca la seguridad. Porque, no lo duden ni un segundo, al PP no le preocupa tanto propiciar la justicia laboral, como restablecer el orden social y económico. Esta querencia por la seguridad y el orden es una característica que comparte la derecha conservadora española con los totalitarismos del siglo XX. Al PP le desespera el disenso social, le crispa la pirotecnia sindical, no entiende por qué miles de españoles salen a las plazas demandando más trabajo, más democracia, menos corrupción, más coherencia política. Recuerden si no a Esperanza Aguirre; cada vez que los ciudadanos protestan en las calles, ella deduce que tan solo se trata de una conspiración anarco-socialista para hacer ruido y desviar la atención de la opinión pública. No reconoce que las vindicaciones ciudadanas pueden responder simplemente a una necesidad voluntaria del pueblo para exigir a sus políticos un cambio, un giro copernicano en su forma de ejercer el oficio.
Que vayan atándose los machos aquellos que el 20-N confíen su voto al conservadurismo del PP. Si se quedan sin trabajo, será porque no se han esforzado lo suficiente por conseguirlo. Si protestan en la calle, la derecha les tachará de insensatos o sicarios de izquierda. En cualquier caso, no recibirán del ejecutivo ninguna muestra de respeto hacia el ejercicio de su derecho a quejarse. El neoliberalismo practicado por los conservadores concibe el mercado laboral como una profusa selva, repleta de oportunidades, feliz para quien sabe sacarle provecho, amarga para quien no puede o no sabe cómo hacer dinero. Las prestaciones sociales están concebidas -según esta lógica inquietante- solo para aquellos que aportan bienestar dentro de la comunidad; su usted se quedó fuera del sistema, debe buscarse la vida por sí mismo, sin ayuda estatal. Para la derecha española, los derechos sociales representan una mera contraprestación económica, en ningún caso una medida de redistribución de la riqueza y, mucho menos, un proyecto de justicia social.
Ramón Besonías Román